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El país vivió esta semana un verdadero cimbronazo político por cuenta de decisiones judiciales y del choque de trenes entre las ramas del poder que dejaron a Colombia en incertidumbre.
El primer temblor lo provocó la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el martes, al presentar la resolución de acusación en contra del exmagistrado José Leonidas Bustos, alrededor de su participación en el Cartel de la Toga. Horas después, la Comisión compulsó copias, por el mismo escándalo, contra el exfiscal Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Perdomo y el actual magistrado Eyder Patiño. La acusación contra el exfiscal generó acusaciones contra el uribismo.
El miércoles, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la liberación del exguerrillero alias “Jesús Santrich”, por lo que renunció el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.
Martínez aseguró que dejaba el cargo porque la decisión de la JEP era un desafío al orden jurídico y que hacía trizas la colaboración internacional.
El jueves, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, se convirtió en la primera en salir del gabinete de Duque.
Aunque dijo que la polémica con la JEP no tuvo que ver, su renuncia aumentó la temperatura del ambiente político nacional.
Y el viernes en la tarde, el país vio como “Santrich” quedó libre por escasos minutos y fue recapturado porque la Fiscalía anunció nuevas pruebas en su contra por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir con esos fines.
La semana del terremoto político dejó a varias instituciones colombianas desacreditadas ante la opinión pública a las Cortes, la JEP, la Fiscalía, y a un Gobierno que tendrá que mostrar el rumbo y actuar para aliviar la crisis.
Todo empezó con una toga cuestionada
En riesgo de quedar en las gavetas de la justicia estaban las investigaciones del Cartel de la Toga al inicio de la semana. El tiempo se agotaba para el principio de oportunidad del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, puesto que si se le hubieran vencido los términos, hubieran podido invalidarse los testimonios del exfiscal como prueba en las 42 investigaciones abiertas por dicho caso de corrupción.
Pero el martes, el representante por el Centro Democrático, Edward Rodríguez, pisó el acelerador y presentó un escrito de acusación ante la Comisión de Acusaciones del Congreso, contra el expresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, en el que ordena la compulsa de copias contra el exfiscal general, Eduardo Montealegre, el exvicefiscal, Jorge Perdomo y el actual magistrado, Eyder Patiño.
En el escrito, Rodríguez sostuvo que se cuenta con 37 pruebas testimoniales, 58 documentales y 17 informes de policía judicial, que señalarían a Bustos como el “cerebro” de la organización criminal que, a cambio de sobornos, manipuló expedientes judiciales en el alto tribunal. La acusación causó todo un remezón, pues es la primera vez que un fiscal y un vicefiscal son señalados por corrupción, simultáneamente.
La reacción de Montealegre y Perdomo no se hizo esperar y en un comunicado manifestaron estar siendo perseguidos por el Centro Democrático. “Vivimos, lamentablemente en Colombia, un contexto en el cual, ‘el presidente eterno’, investigado por la justicia nacional e internacional, a quien se le atribuyen crímenes de guerra y lesa humanidad, pretende dar lecciones de ética pública a magistrados y fiscales honestos”, señala la comunicación, en la que los altos exfuncionarios advierten que denunciarán al expresidente Álvaro Uribe ante tribunales internacionales.
Sobre el Cartel de la Toga, el expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla Paucar, opinó esta semana que “es evidente que esta compulsa de copias contra los exfuncionarios tiene una trascendencia no solamente jurídica sino también política” y señaló que lo normal de alguien contra quien se está pidiendo una investigación, es defenderse, pero que “esa defensa debe hacerse dentro de la Comisión de Acusaciones, esa es la institucionalidad que hay que acatar”.
No se apaga el ventilador
Con el principio de oportunidad del exfiscal Luis Gustavo Moreno prorrogado, sus testimonios deberán ser validados como prueba por un juez. El proceso que más avanza por el Cartel de la Toga es el del exmagistrado Gustavo Malo, que ya está en etapa de juicio. Contra él, un juez dictó medida de aseguramiento intramural esta semana.
El detonante fue la justicia especial
Un solo hecho desató la tormenta política en la semana que recién terminó en Colombia: la Justicia Especial para la paz, JEP, suspendió el trámite de extradición del excomandante guerillero, “Jesús Santrich”, requerido por EE. UU. por presunta conspiración para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país, y ordenó su libertad.
La decisión la explicó el magistrado de la JEP, Jesús Ángel Bobadilla, de la Sección de Revisión del alto tribunal, quien expresó que “no se pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización, dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no remitió las evidencias solicitadas y a que en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas a la JEP por la Fiscalía no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición”.
Con la decisión en firme, horas después, el saliente fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, decidió dimitir de su cargo y argumentó que la determinación de la JEP desafiaba a la justicia del país al pasar por alto las recomendaciones del ente investigador y EE. UU. frente al caso de Santrich, llevando a hacer trizas la cooperación judicial internacional.
“Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación. Exhorto a la ciudadanía a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz, en un marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos y, particularmente, para todas las víctimas del conflicto”, expresó Martínez.
Tras la salida del fiscal general, llegó en efecto cascada la renuncia de la vicefiscal, Paulina Riveros, quien apoyó a su jefe y los argumentos sobre la suspensión del trámite de extradición de Santrich. La historia volvió a dar un giro el viernes, cuando tras salir de la cárcel La Picota y llegar a la calle, el exguerrillero fue recapturado por la Fiscalía, ante el señalamiento de haber cometido nuevos delitos. Santrich fue trasladado en helicóptero a la Dirección Nacional de la Policía y de allí, al búnker de la Fiscalía. El sábado, a raíz de quebrantos de salud, fue llevado a la clínica Méderi mientras se espera la legalización de su captura.
Una nueva captura
“Santrich” fue recapturado el viernes por la Fiscalía argumentando nuevas pruebas por el delito de narcotráfico. Al respecto Kenneth Burbano, director del Observatorio de la Universidad Libre, expresó que la JEP debe solicitar esas nuevas pruebas a la Fiscalía para determinar si este nuevo delito fue cometido antes o después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc.
Es el momento para relanzar el gobierno
La renuncia de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, cayó en una semana coyuntural para la institucionalidad del país, de esas que no se sentían hace mucho tiempo y que dejó, aún más, vientos de crisis en el ambiente político. Aunque desde el gobierno no oficializan la salida de más ministros, analistas consideran que es el momento para relanzar la gobernabilidad presidencial. Así lo plantea Miguel Silva Moyano, docente de Ciencia Política de la Universidad Nacional en Bogotá.
Sostiene que aunque el ruido de cambio de gabinete se ha escuchado desde que asumió este gobierno, el presidente “sí podría aprovechar el momento para hacer unos cambios y mandar un mensaje de reconducción del gobierno”, muy en la línea por lo planteado por el senador del Centro Democrático, el José Obdulio Gaviria, quien sostuvo esta semana que “esperamos que el relanzamiento se dé”, sobre todo con la renuncia del secretario General de Presidencia, Carlos Mario Eastman.
Jorge Eduardo Londoño, exministro de Justicia (2016-2017), tiene una interpretación similar de lo que sucedió esta semana y de lo que podría venir para el gabinete, aunque no piensa que haya “una fractura institucional”, sino que, por el contrario, se hizo el cambio donde había dificultades. “A la ministra Borrero le faltó experiencia política, aunque es una académica destacada”. Para ambos, la distancia con el Congreso derivó en el fracaso conocido, que se acentuó con la Reforma a la Justicia que se hundió el 4 de diciembre pasado.
Otro asunto que plantea Londoño Ulloa es que la propuesta que vaya a presentar el gobierno no debería centrarse en reformar las cortes, que no es algo que le interese a la ciudadanía, que lo único que espera “es que la justicia llegue pronto y sea efectiva”.
Ahora, aunque hay ministros cuestionados, como el de Defensa, Guillermo Botero; de Ambiente, Ricardo Lozano, y la propia ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, Silva Moyano asevera que el presidente debería pensar en la posibilidad de hacer los cambios, teniendo en cuenta que es “el momento adecuado, pues le permitiría reafirmar un mensaje de fortaleza institucional”, sobre todo en una semana en que los sondeos y encuestas dieron cuenta de que su imagen de favorabilidad y la de su gobierno se mantuvieron con tendencia a la baja.
Tarea en el Minjusticia
La magistrada y ahora ministra de Justicia Margarita Cabello tendrá, entre otras, la tarea de sacar adelante la Reforma a la Justicia que plantea el uribismo. Sin embargo, también deberá enfocarse en saldar la deuda histórica del hacinamiento de las cárceles del país, reto que ningún gobierno ha podido sacar adelante.