“Si las Farc han ocultado bienes, se verían abocadas a perder los beneficios del sistema (de verdad justicia reparación y garantías de no repetición)”, sentenció el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, en una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos en la que puso presente los posibles incumplimientos de las Farc con relación a la entrega de sus bienes y activos.
Según el procurador, la tarea de las Farc no finaliza con la declaración de bienes que hicieron en agosto pasado, sino que ante la JEP deben aportar toda la información necesaria acerca de los mecanismos y personas utilizadas para lavar activos. Así que ambas cosas, no haber declarado todos los bienes y no dar toda la información necesaria, podrían hacer que los miembros de las Farc salgan de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y terminen en manos de la justicia ordinaria.
Le puede interesar: A Farc le incautan el doble de lo declarado
Por su parte, el ministro del interior, Guillermo Rivera, aseguró que “la reforma constitucional que creó la JEP señaló expresamente que serán de conocimiento de esta jurisdicción todos los delitos en el marco del conflicto armado que se hayan cometido con anterioridad al 1° de diciembre de 2016, los nuevos delitos serán competencia de la justicia ordinaria; sin embargo hay una disposición que también quedó en el acto legislativo que señala que tratándose de delitos de ejecución permanente que pudieran haber iniciado antes del 1° de diciembre de 2016 y pudieron haber continuado después de esa fecha serán de conocimiento de la justicia ordinaria los actos de ejecución posteriores al 1° de diciembre de 2016”.
Lo que quiere decir, de acuerdo con el ministro, que “si con posterioridad a esa fecha se evidencian actos de ejecución sobre esos bienes y activos, esa ejecución es de competencia de la justicia ordinaria, y todo significa sanciones ordinarias, con todas sus consecuencias, incluidas también la suspensión e inhabilidades de los derechos políticos”.
Además, advirtió que en la ley estatutaria de la JEP, que está en revisión en la Corte Constitucional, quedó establecido que quien comparezca deberá entregar toda la información sobre quienes fueron sus testaferros, no hacerlo dará la pérdida de los beneficios.
Lea aquí: Norberto Mora Urrea, el hombre que estaría detrás de los bienes de “Romaña”
Rivera aseguró que la responsabilidad penal es individual, y que en caso de comprobarse que miembros de las Farc mantuvieron activos ocultos será la justicia la encargada de determinar quién o quiénes fueron los responsables.
Regístrate al newsletter