Han pasado 25 años desde la mañana en que las balas alcanzaron al líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, y aún la justicia no ha logrado desenmarañar el magnicidio ni dictar sentencia sobre los responsables.
Hasta hace un mes los indicios judiciales apuntaban hacia el Cartel del Norte del Valle, que supuestamente habría fraguado el atentado ocurrido el 2 de noviembre de 1995 con el expresidente Ernesto Samper Pizano y su ministro de Gobierno Horacio Serpa Uribe (fallecido este sábado).
Esa era la teoría de la familia de Gómez Hurtado (como lo confirmó Enrique Gómez Martínez a EL COLOMBIANO), misma que seguía la Fiscalía General de la Nación, ayudada por el testimonio de Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, quien prometió desde EE. UU. entregar detalles acerca de cómo se planeó el atentado contra el tres veces candidato presidencial.
Al respecto también declararon algunos exparamilitares como Salvatore Mancuso, “Ernesto Báez” y “HH”.
El expresidente Samper le dijo a EL COLOMBIANO que “los últimos 10 años hemos sido víctimas de todo tipo de insultos y calumnias de parte de la familia de Álvaro Gómez, y aunque entendemos las razones económicas que los animan en convertir esto en un crimen de Estado, rechazamos categóricamente todas estas ofensas de carácter personal que también ofenden la memoria del propio Gómez”.
No obstante, la familia del líder asesinado le ha salido al paso a esas declaraciones. El 15 de octubre pasado, en un comunicado, expresó que una eventual indemnización, tras las condenas en contra de los autores materiales e intelectuales del crimen, “será destinada como donación a la Defensoría del Pueblo para la atención jurídica, a través de la defensoría pública de oficio en memoria de los ciudadanos falsamente imputados”.
Un nuevo rumbo
El reconocimiento de responsabilidad de este asesinato, que hicieron hace un mes los exmiembros del Secretariado de las Farc, que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tomó por sorpresa a la Fiscalía, a la familia y al propio Samper.
Gómez se había convertido en un objetivo desde 1982. Para la guerrilla, él fue el agitador de la guerra a muerte contra los campesinos de Marquetalia, al denunciar en el Congreso en 1962 lo que llamó las Repúblicas Independientes, tras lo cual el presidente Guillermo León Valencia las bombardeó.
Sin embargo, el presidente Iván Duque señaló que, “adjudicarse esos crímenes cuando hay garantías de que nadie va a pagar cárcel solo deja dudas, sospechas y preocupaciones”.
