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Siguen cabos sueltos en el magnicidio de Gómez H.
En 2017 la Fiscalía declaró su asesinato y el de su escolta José del Cristo Huertas como delitos de lesa humanidad, por lo que no prescribirán.
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Álvaro Gómez Hurtado fue copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y fue asesinado hace exactamente 25 años, al frente de la Universidad Sergio Arboleda. FOTO COLPRENSA
02 de noviembre de 2020
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Han pasado 25 años desde la mañana en que las balas alcanzaron al líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, y aún la justicia no ha logrado desenmarañar el magnicidio ni dictar sentencia sobre los responsables.
Hasta hace un mes los indicios judiciales apuntaban hacia el Cartel del Norte del Valle, que supuestamente habría fraguado el atentado ocurrido el 2 de noviembre de 1995 con el expresidente Ernesto Samper Pizano y su ministro de Gobierno Horacio Serpa Uribe (fallecido este sábado).
Esa era la teoría de la familia de Gómez Hurtado (como lo confirmó Enrique Gómez Martínez a EL COLOMBIANO), misma que seguía la Fiscalía General de la Nación, ayudada por el testimonio de Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, quien prometió desde EE. UU. entregar detalles acerca de cómo se planeó el atentado contra el tres veces candidato presidencial.
Al respecto también declararon algunos exparamilitares como Salvatore Mancuso, “Ernesto Báez” y “HH”.
El expresidente Samper le dijo a EL COLOMBIANO que “los últimos 10 años hemos sido víctimas de todo tipo de insultos y calumnias de parte de la familia de Álvaro Gómez, y aunque entendemos las razones económicas que los animan en convertir esto en un crimen de Estado, rechazamos categóricamente todas estas ofensas de carácter personal que también ofenden la memoria del propio Gómez”.
No obstante, la familia del líder asesinado le ha salido al paso a esas declaraciones. El 15 de octubre pasado, en un comunicado, expresó que una eventual indemnización, tras las condenas en contra de los autores materiales e intelectuales del crimen, “será destinada como donación a la Defensoría del Pueblo para la atención jurídica, a través de la defensoría pública de oficio en memoria de los ciudadanos falsamente imputados”.
Un nuevo rumbo
El reconocimiento de responsabilidad de este asesinato, que hicieron hace un mes los exmiembros del Secretariado de las Farc, que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tomó por sorpresa a la Fiscalía, a la familia y al propio Samper.
Gómez se había convertido en un objetivo desde 1982. Para la guerrilla, él fue el agitador de la guerra a muerte contra los campesinos de Marquetalia, al denunciar en el Congreso en 1962 lo que llamó las Repúblicas Independientes, tras lo cual el presidente Guillermo León Valencia las bombardeó.
Sin embargo, el presidente Iván Duque señaló que, “adjudicarse esos crímenes cuando hay garantías de que nadie va a pagar cárcel solo deja dudas, sospechas y preocupaciones”.
Ante la JEP
Dado que Rodrigo Londoño, último comandante de las Farc y sus demás compañeros de la cúpula (entre ellos el senador Julián Gallo conocido como “Carlos Antonio Lozada”), admitieron en una carta ante la JEP que mataron al dirigente conservador, esa justicia inició las labores para emprender la investigación de un caso, que hasta el momento no estaba en su poder. Pidió a la Fiscalía remitir el expediente y avocó conocimiento.
Y aunque citó para este martes a la primera audiencia a Gallo, los familiares de Gómez (quienes no creen que las Farc sean las responsables) presentaron un recurso de reposición y, hasta que la Sala de Reconocimiento no lo resuelva, la versión queda pospuesta, explicó la JEP en un comunicado el viernes.
Gallo reconoció a medios de comunicación que recibió la orden directamente de “Mono Jojoy” y la materializó a través de una célula guerrillera que operaba en Bogotá, conocida como la Red Urbana Antonio Nariño.
Varios de esos jóvenes guerrilleros fueron torturados y asesinados por la Policía en la Masacre de Mondoñedo (1996), según dijo Gallo, lo que facilitó el ocultamiento.
Sin embargo, la Fiscalía llamó a Londoño y a Gallo a declarar en el proceso, “en cumplimiento del deber constitucional de investigar delitos”.
De momento, si bien persisten las dudas sobre la autoría de las Farc, en el libro “Documentos y Correspondencias de Manuel Marulanda Vélez 1993-1998” dos apartes daban a entender que así era: “(3 de noviembre de 1995 en Carta a Mono Jojoy) Lo del señor Gómez debemos mantenerlo en secreto, para ver cómo vamos ayudando a profundizar las contradicciones, mientras bajamos a otros”... “ (5 de noviembre, al Secretariado) Lo de la muerte del señor de las Repúblicas independientes, creo que podemos estudiar cuándo podemos hacerlo saber. Por ahora que hagan inteligencia a ver si descubren quién fue”.
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