El crimen de Sara, una niña de tres años asesinada y abusada sexualmente en Armero, Tolima, fue la última historia que conmocionó a los medios de comunicación. Antes, la agenda estaba copada por el feminicidio de Yuliana, asesinada y violada por Rafael Uribe Noguera, hoy condenado a 51 años y ocho meses de prisión.
Se pueden llamar Sara, Yuliana, Natalia o María, pero al final ellas representan uno de los 23 casos de abusos contra menores de edad que se presentan cada día en el país, según estadísticas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
De acuerdo con este instituto, durante el año 2016 hubo 11.000 procesos abiertos por casos de niños y niñas víctimas de violencia sexual. Después de Bogotá, en donde se registraron 2.308 procesos, están Cundinamarca y Antioquia, con 682 y 614 casos respectivamente.
Entre enero y marzo de 2017, las tendencias de las cifras se sostienen: van 2.413 procesos, de los cuales Bogotá reportó 506 y Antioquia 110. En diálogo con EL COLOMBIANO, la directora del ICBF, Cristina Plazas, explicó que el 87 % de los casos ocurren en las casas y que, aún más preocupante, en el 95 % de los abusos el agresor es cercano al niño.
Existe la percepción de que los casos de abuso sexual y feminicidio van en aumento...
“Las cifras se mantienen. Lo cierto es que estamos viviendo la misma situación del año pasado y creemos que es un problema del país y del mundo entero. Es una situación que se presenta incluso en los países desarrollados y la razón es que a los gobernantes se les olvidó invertir en el núcleo de la sociedad, que es la familia. A la sociedad también se le olvidó invertir en la familia”.
¿Es decir que Colombia no invierte lo suficiente?
“Totalmente, somos una sociedad enferma. Nosotros desde el Gobierno estamos trabajando en el componente de familia, de hecho es prioritario en todos nuestros programas. Por ejemplo, en primera infancia estamos llegando a dos millones de niños atendidos y en el componente de familias a más de 1.000 colegios públicos, donde estamos teniendo escuelas para que papás, profesores y alumnos hablen un mismo idioma”.
Ustedes tienen un presupuesto de cinco billones de pesos anuales, ¿cómo se ven reflejados en la atención?
“El ICBF no es el único llamado a proteger a los niños, toda la sociedad debe hacer esfuerzos suficientes. Que el año pasado hayamos abierto 48.000 procesos de restablecimiento de derechos, de los cuales, 11.000 corresponden a maltrato y 11.000 a violencia sexual pues efectivamente demuestra que como sociedad no estamos haciendo lo suficiente. Debemos dejar de pensar que el ICBF es el único responsable de los niños, somos todos como sociedad los que tenemos que redoblar esfuerzos”.
Llama la atención que después de Bogotá, en la mayoría de listados esté Antioquia de segunda por maltrato infantil y abuso sexual a menores...
La violencia sexual y el maltrato se está dando en todos los departamentos y en todos los estratos sociales. El llamado que estamos haciendo a toda la sociedad, incluyendo a gobernadores y alcaldes, es a fortalecer la familia. La primera actuación que tenemos que hacer articuladamente con las instituciones es prevenir el embarazo no planeado. Nos hemos puesto la camiseta para prevenir el embarazo en la adolescencia pero no el embarazo no planeado en todas las edades. En el país necesitamos mamás y papás que se conviertan en padres de familia con la disposición de hacerlo, con la decisón de darles a sus hijos todo el amor y garantizarles todos los derechos a los niños”.
Al fijarnos de nuevo en el tema del presupuesto se tiene que ustedes deben destinar más de 180 mil millones para diseñar políticas de seguridad alimentaria y nutricional. El año pasado la cuestionaron mucho por el tema de La Guajira, ahora le preguntan por la protección familiar. ¿Es suficiente el personal, el presupuesto?
No, no son suficientes y obviamente necesitamos más recursos. Sin embargo, como dije, no debemos seguir pensando que el ICBF es el único encargado de proteger a los niños, el instituto debe invertir más recursos, es cierto, pero también lo deben hacer las gobernaciones, las alcaldías, las instituciones. Los mismos medios deberían reflexionar al respecto. No podemos seguir teniendo como referente para los niños al criminal de ‘Popeye’, al criminal de Carlos Castaño o al criminal de Pablo Escobar. ¿Por qué no posicionamos como referentes a las colombianas que están en la Nasa o a las deportistas?”.
¿Qué han hecho ustedes al respecto?
“Hemos hecho un llamado a los artistas. Por ejemplo a Maluma, decirle venga usted es un cantante ‘churro’, millonario y con toda la influencia en las jovencitas, pues hagamos con esos ritmos maravillosos un lenguaje en las canciones que impacten de manera positiva en los jóvenes”.
En el tema de abuso a menores también preocupa el subregistro...
“Nosotros no solamente hacemos un llamado a todas las familias, sino a toda la sociedad. Vemos mucha gente que no denuncia porque le da ‘pereza’ ese problema, cuando la violación de los derechos de los niños es una problemática de todos. El llamado es a que denunciemos. En esta coyuntura tan importante, todos estamos protegiendo a los niños a través de las denuncias”.
¿Cuál es su posición sobre el aumento de penas a violadores de niños?
“Soy una convencida de que necesitamos la cadena perpetua para mandar un mensaje claro frente a estos casos. La cadena perpetua no va a lograr que se acabe la violencia contra los niños por sí sola, pero es una de las acciones que hay que tomar. Creemos que la cadena perpetua es el castigo mínimo que se merece un violador de niños. Es increíble que les rebajen las penas o que les otorguen casa por cárcel. La petición es que le den a esos criminales toda una vida en la cárcel”.
¿Qué pasa con el rol de las comisarías de familia?
“Los alcaldes tienen que fortalecerlas. Cuando nosotros llegamos al instituto lo que hicimos fue concretar equipos de defensorías de familia y aumentar las capacitaciones, hacer nombramientos según meritocracia y otorgar asistencia técnica. Hemos mejorado mucho pero todos los días tenemos que mejorar más. Hay comisarios de familia que son cuotas burocráticas y que cambian en un lapso muy corto. La inversión en algunas comisarías al final se pierde. Los alcaldes tienen un rol importante ahí”.
