La Superintendencia de Sociedades informó este martes que impuso multas contra los administradores de la Unión Temporal Centros Poblados por presuntas irregularidades en trámites contables y societarios.
Las labores de dicha entidad tienen como base que las tres empresas que están en el ojo del huracán por el contrato con el Ministerio de las TIC no suministraron la información y los documentos requeridos en su momento.
Por eso, en total, los administradores de Intec de la Costa, ICM Ingenieros y Omega Buildings deben responder por $272.310.000 de multa, cada una, sacando de sus cuentas $90.770.000.
Estos trámites administrativos empezaron entre el 13 y 17 de septiembre de este año con el propósito de determinar el cumplimiento de sus obligaciones en materia societaria y contable, las cuales –advierte la Superintendencia de Sociedades– a la fecha han sido obstruidas por la poca disposición de los sancionados de avanzar en estos procedimientos.
La entidad expresó que seguirá trabajando en las actuaciones que den lugar a sus competencias y adoptará las decisiones a las que haya lugar en este escándalo nacional.
El anuncio se da días después de que la Fiscalía revelara los nombres de las personas que va a imputar el próximo 23 de febrero. Entre ellas están el empresario Juan Carlos Cáceres, de Novotic, la cuarta empresa que compone Centros Poblados, la cual no aparece en la multa que este martes impone la SuperSociedades.
Aparte a Cáceres también están el empresario Juan José Laverde; el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque; y Ottomar Lascarro Torres, un contratista amigo del condenado Emilio Tapia, con quien incluso planeó vivir en Llanogrande, Oriente antioqueño.
Todas estas personas serán las que tendrán su audiencia de imputación de cargos en 2022, año con el que el fiscal general Francisco Barbsosa, espera seguir adelantando junto a su equipo investigaciones que lleven al paradero de los $70.000 millones que se perdieron del anticipo de MinTIC, suma que ya aumentó por los intereses que han corrido.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Carmen Ligia Valderrama, quien dirige la cartera de las TIC, anunció además que por concepto de la cláusula penal, los responsables de este escándalo deben pagar otros $39.000 millones.
A la par, ese Ministerio ya le pasó a SkyNet y ETB el manejo de este contrato por $1.07 billones, el cual bajo esta nueva adjudicación conectará 6.587 puntos digitales, 688 menos que los que prometió en su momento Centros Poblados.
