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Un año después del colapso del Chirajara, no hay responsables

  • El 11 de julio de 2018 se llevó a cabo la implosión del colapsado puente de Chirajara, el cual se construía en la vía Bogotá-Villavicencio por parte de la concesionaria Coviandes. FOTO colprensa
    El 11 de julio de 2018 se llevó a cabo la implosión del colapsado puente de Chirajara, el cual se construía en la vía Bogotá-Villavicencio por parte de la concesionaria Coviandes. FOTO colprensa
Por Julián Amorocho Becerra | Publicado el 15 de enero de 2019
Infografía
Un año después del colapso del Chirajara, no hay responsables

El primer aniversario del desplome del puente Chirajara –una megaestructura que se hacía parte de la vía Bogotá-Villavicencio– se cumple hoy y hasta el momento, los responsables por la muerte de nueve obreros permanecen sin ser identificados.

La Fiscalía le respondió a EL COLOMBIANO un derecho de petición, el 10 de diciembre, en el que se asegura que aún no se ha producido la primera imputación de cargos. La investigación criminal está en etapa de indagación. Señala la Fiscalía que abrió el mismo día de la tragedia la noticia criminal que engloba en un solo expediente todas las muertes producto del desplome.

Desde entonces han llamado a 20 personas a declarar sobre los hechos. Sus identidades no fueron reveladas por parte del ente investigador, que argumentó la reserva a la intimidad de las víctimas y del proceso.

Como apoyo de los investigadores, para recolección de información, la Fiscalía informó de la asignación de tres ingenieros civiles, dos especialistas en el manejo de imágenes 3D, un ingeniero de seguridad industrial, un ingeniero de sistemas para el recaudo seguro de la información digital y dos investigadores de campo.

En total reportaron 21 investigadores dispuestos a establecer las responsabilidades de la tragedia, que 12 meses después aún no han llegado a enjuiciar a nadie.

La última vez que el ente acusador reportó avances sobre la investigación del puente Chirajara fue el pasado mayo, cuando informó de 15 inspecciones a las sedes y campamentos de las empresas constructoras, la compañía auditora, diversos contratistas relacionados con el proyecto y la Administradora de Riesgos Laborales, ARL.

Un mes antes, la concesión a cargo del puente, Coviandina, reveló que el colapso de la pila B del puente Chirajara obedeció a un error en el diseño hecho por el ingeniero Héctor Guillermo Urrego Giraldo y presentado ante la constructora de la estructura Gisaico.

El tema se mantuvo olvidado del espectro noticioso, exceptuando el 11 de julio en que se demolió lo que quedaba. Luego, el 26 de noviembre, volvió a estar en los medios cuando se conoció el informe de investigación que hizo la firma Modjeski and Master, que reveló otras razones de la tragedia aparte de una falla en el diseño de la estructura.

La empresa expuso que se hallaron cinco anomalías graves en la cimentación del puente que comprometían directamente la estabilidad de la estructura.

Aparte, la firma estadounidense explicó que en el Chirajara no se realizó una evaluación de la adecuación del diseño original bajo condiciones de vientos y sísmicas. Es decir, que no se tomaron todas las prevenciones posibles.

Al consultar sobre los avances de la investigación, el abogado penalista Francisco Bernate consideró que si bien existe una demora, no hay ningún tipo de control pues los términos de investigación no tienen fin.

“En Colombia es desafortunado que estas investigaciones no tengan un término de vencimiento. Tanto para la sociedad como para los investigados. Lo del Chirajara es muy demorado, pero así funcionan las investigaciones en Colombia”, argumentó.

Sin embargo, el jurista admitió que la complejidad de los aspectos técnicos que implica la investigación de un desplome de un puente sí justificaría en cierta medida que haya una demora.

Un antecedente

En la vía al Llano, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, tuvo un papel de asesor en el pasado.

La concesión encargada de la construcción del puente Chirajara, el mayor accionista del proyecto (con un 59,3% de participación) es del consorcio Estudios y Proyectos de los Andes S.A.S., Epiandes o Coviandes, esta última empresa que hace parte del portafolio de Corficolombiana, compañía de inversiones del Grupo Aval, del que el fiscal Martínez fue abogado.

En ese rol asesoró a la empresa en la celebración de un contrato de estabilidad jurídica para blindarla de impuestos con el Estado, en un periodo comprendido entre 2014 y 2016. Este vínculo laboral ya lo había dado a conocer EL COLOMBIANO en enero de 2018.

Se trata del mismo tipo de blindaje que también asesoró la firma de abogados de Martínez para la Ruta del Sol 2, y que hoy está bajo investigación como parte del escándalo de corrupción de Odebrecht

Contexto de la Noticia

Paréntesis COn la multa vienen obras

El pasado 10 de diciembre, el viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, informó que con los dineros que pagó Coviandes por la multa que le impuso la Nación por la caída del puente empezará la construcción de las primeras obras de mejoramiento de los kilómetros 64 y 46, el 17 de diciembre. Agregó que con los 8.400 millones de multa se priorizarán las obras más urgentes de la vía al Llano, para evitar cierres. El 29 de noviembre anterior la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció la firma del documento de transacción para iniciar estudios, diseños y obras del puente que reemplazará el Chirajara. Se espera finalizar en un término de 27 meses.

Julián Amorocho Becerra

Periodista bumangués del área digital de El Colombiano. Busco historias que demuestren que la realidad siempre supera a la ficción.

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