El exministro del Interior Luis Fernando Velasco y Jaime Ramírez Cobo, exasesor de presidencia, están implicados en el caso de los carrotanques de la UNGRD. El primero fue reemplazado por Juan Fernando Cristo; el segundo, renunció a su cargo por el mismo caso de corrupción.
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En febrero de 2024, se hizo público que la UNGRD adquirió 40 carrotanques por 46.800 millones de pesos para atender zonas vulnerables en La Guajira, pero no cumplieron su función. Se detectaron sobrecostos y posibles desvíos de recursos públicos. Después de que se hiciera pública la noticia, el director de la institución, Olmedo López, fue removido y se suspendieron contrataciones.
A partir de ese momento, la Fiscalía inició una investigación por posibles irregularidades en contratos y presuntos sobornos a congresistas a cambio de su apoyo legislativo.
Ricardo Bonilla, Carlos Ramón González y, ahora, Luis Fernando Velasco
Olmedo López, exdirector de la UNGRD, firmó un principio de oportunidad en junio de 2025 para colaborar con la Fiscalía y revelar información clave.
El problema, es que el juez del caso le negó un principio de oportunidad debido a faltas de la Fiscalía en el procedimiento y podría poner todo el caso en riesgo.
Sobre esto, existe el riesgo de que todas las denuncias realizadas por Olmedo López hasta la fecha queden sin efectos judiciales.
“Del mismo modo que sus colaboraciones generaron un efecto en cadena que llevó a la captura de múltiples personas, esta resolución también desencadena un efecto similar que podría provocar el colapso de todos los procesos”, señaló una fuente conocedora del caso.
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Según información obtenida por EL COLOMBIANO, la Fiscalía incurrió en fallas argumentativas al solicitar el principio de oportunidad, mecanismo que otorgaba beneficios penales a Olmedo a cambio de delatar a terceros, incluyendo funcionarios de mayor jerarquía.
Ungrd: la condena a Sneyder Pinilla
Por otro lado, con Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, la situación es diferente. Fue condenado en abril de 2025 a cinco años y ocho meses de prisión por aceptar cargos y colaborar con la justicia.
La Corte Suprema lo citó nuevamente para declarar los días 13, 14 y 15 de agosto sobre el escándalo de corrupción.
Esa nueva citación se centrará en seis excongresistas —Julián Peinado, Wadith Manzur, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo, Lilia Bittar y Juan Diego Muñoz— señalados de obtener beneficios mediante contratos de la Ungrd para influir en conceptos favorables de la Comisión de Crédito Público sobre solicitudes del exministro Ricardo Bonilla; estos últimos, declarados por María Alejandra Benavides ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema quien, en su momento, fungió como asesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
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Estas gestiones también buscaban obtener contratos regionales a cambio de votos de apoyo a las iniciativas y peticiones del Ejecutivo.
Ungrd: las implicaciones hacia Luis Fernando Velasco
Según la Fiscalía, Velasco habría instruido al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, para beneficiar al senador Julio Elías Chagüi con un contrato por 35.000 millones de pesos, aunque este no se firmó debido al escándalo.
Además, también se vincula a Martha Peralta, expresidenta de la Comisión Séptima del Senado y quien habría intervenido para adjudicar un contrato por 2.210 millones de pesos a personas cercanas, destinado a maquinaria para Riohacha (La Guajira).
La Fiscalía sostiene que el 19 de septiembre de 2023, Peralta se reunió con López y los contratistas Isaac y Jorge Riscala, propietarios de Inversiones IRL S.A.S., empresa que recibió el contrato el 25 de octubre. El convenio, aún vigente, está bajo revisión judicial.
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Esa información ahora es respaldada por Olmedo López quien, como se mencionó, el juez del caso le negó un principio de oportunidad debido a faltas de la Fiscalía en el procedimiento y podría poner todo el caso en riesgo.
La decisión advierte que la Fiscalía se limitó a remitir documentos sin mayor explicación y no demostró adecuadamente la utilidad de la colaboración de López, quien se había comprometido a delatar a otros implicados, pagar una multa de más de 700 millones de pesos y ejecutar medidas de reparación para comunidades en La Guajira.
“El caso pudo sustentarse mejor”, concluyó la jueza, criticando la falta de rigurosidad y el papel pasivo del ente acusador en la audiencia.
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