A Olmedo López –exidrector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) y pieza clave para desenredar el entramado de corrupción que se tomó la entidad– una juez le negó el principio de oportunidad que había alcanzado con la justicia por fallas de procedimiento de la Fiscalía.
Con su proceso de colaboración en riesgo, son al menos otros 27 procesos judiciales que podrían estar en riesgo debido a que cesarían los aportes de colaboración de la excabeza de la entidad.
López se había comprometido a delatar a otros involucrados en el saqueo a la Ungrd y también a pagar una multa superior a los 700 millones de pesos y a ofrecer medidas de reparación simbólica y material a las comunidades afectadas en La Guajira por el entramado de corrupción.
La decisión tiene una implicación inmediata y es que todas las delaciones que hasta ahora ha hecho Olmedo López corren el riesgo de no tener consecuencias en la justicia.
Las revelaciones de López fueron claves para la captura y órdenes de captura de altos funcionarios de Presidencia como la exconsejera de las regiones, Sandra Ortiz, y el exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia, Carlos Ramón González, quien permanece fuera de Colombia.
Por sus testimonios también fueron implicados en el caso ministros y exministros que todavía están pendientes de responder ante la justicia. Pero, sin el principio, esas colaboraciones quedarían en vilo y con la posibilidad de que los delatados no puedan ser acusados por la Fiscalía usando la información de López.
Entérese: Los argumentos del Tribunal para negar la tutela de Uribe y mantenerlo en casa por cárcel
Hasta ahora también han resultado salpicados el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla.
María Alejandra Benavides, la entonces asesora del exministro Bonilla, tuvo dos declaraciones extensas en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, en donde se refirió a por lo menos siete congresistas que pudieron haber cometido delitos en su interlocución con el Gobierno. Esta relación tenía el objetivo de conseguir contratos en las regiones a cambio de votos favorables para los proyectos o solicitudes del Ejecutivo.
Los congresistas implicados, hasta ahora, y cuya investigación avanza en la Corte Suprema de Justicia son Iván Name, Andrés Calle, Karen Manrique, Wadith Manzur, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Julio Elías Chagüi, Marta Peralta y Juan Pablo Gallo.
De acuerdo con la información a la que accedió este periódico, la Fiscalía cometió errores en la argumentación para solicitar el principio de oportunidad, que le garantizaba a Olmedo beneficios penales si delataba a otras personas, incluyendo a funcionarios que estuvieran en cargos superiores.
Regístrate al newsletter