Con el objetivo de frenar el abandono forzado de tierras, el despojo y el confinamiento al que han sido sometidas 81 familias del Resguardo Indígena de Jaidukamá, la Unidad de Restitución de Tierras solicitó medidas cautelares ante la justicia especializada de Antioquia. Dicho proceso ha sido respaldo por las autoridades tradicionales de la comunidad y liderado por Gustavo Domicó Jumí, gobernador de este pueblo ancestral.
Esta decisión la tomó la Unidad previo a la presentación de la demandan con la que reclamará los derechos territoriales de esta comunidad, que se hará en pocos meses.
El Resguardo Indígena Jaidukamá se encuentra en el área rural del municipio de Ituango, en las veredas de Conguital y El Socorro del corregimiento La Granja, en el Nudo del Paramillo. La resolución de adjudicación de su territorio ancestral determina que para 1983 la comunidad llevaba 80 años asentada.
La llegada a esta área se dio por la migración de las familias Domicó, Mojoré y Jumí desde los municipios de Dabeiba, Frontino y Uramita y concluyó en Ituango, donde encontraron las condiciones para liderar actividades de caza, pesca y recolección.
Sally Mahecha, directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras destacó: “Hemos venido trabajando con el pueblo Embera Katío Eyábida de Jaidukama desde 2019 con resultados sustanciales en el proceso para establecer las afectaciones territoriales que han victimizado a la comunidad y a su territorio ancestral. Sin embargo, previo a la presentación de la demanda de restitución, consideramos apremiante que la justicia decrete las medidas cautelares preventivas solicitadas. Hemos identificado situaciones graves y urgentes, que requieren de la intervención inmediata de las instituciones para frenar los daños irreparables ocurridos dentro del colectivo étnico y evitar la materialización de otros nuevos”.
Entre esas afectaciones se destacan la instalación de minas antipersonal, la presencia de cultivos de uso ilícito, la disputa por controlar las rutas de narcotráfico y el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por los grupos ilegales que operan en la zona y han vulnerado los derechos del Pueblo Embera Katío – Eyábida. Esas acciones han traído riesgos asociados a la seguridad alimentaria del colectivo y han diezmado su libertad al no poder desarrollar actividades tradicionales básicas para su pervivencia física y cultural.
