La mujer que hasta hace apenas año y medio lideraba la cuestionada entidad encargada de proveer servicios de alimentación y salud a los 121 mil presos del país –según el Inpec–, podría pasar sus próximos días en la cárcel.
Vinculada a un proceso por presuntamente influir en la adjudicación de un contrato con el Fonade, Ana Cristina Palau, exdirectora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Centros Carcelarios (Uspec), fue capturada este miércoles por las autoridades. Su caso se suma a la lista de indagaciones que la Fiscalía y varios organismos de control han emprendido sobre posible corrupción en el manejo presupuestal de esa unidad.
Objetivo incumplido
El decreto 4150 del 3 de noviembre de 2011 creó la Uspec para “gestionar y operar el suministro de bienes, la prestación de servicios e infraestructura, y brindar apoyo logístico al Inpec” y lograr que la contratación del sistema carcelario fuera transparente. Esa misma norma establece que la razón de ser de la unidad es “el bienestar de la población privada de la libertad”.
Pero durante sus siete años de funcionamiento, la unidad no ha cumplido a cabalidad con su objetivo. Las denuncias han sido múltiples y las alertas comenzaron a encenderse en abril de 2016, cuando la Contraloría General de la República hizo tres auditorías a la Uspec, que suman en total 138 hallazgos, por lo que la calificación al organismo fue “desfavorable”.
Ese mismo año, el entonces ministro de Justicia, Yesid Reyes, advirtió a la Fiscalía General de la Nación de posibles malos manejos de contratación en la Unidad, tras conocer una serie de correos electrónicos que evidenciarían el pago de sobornos a cambio de adjudicaciones.
Posteriormente, y solo por mencionar uno de los casos recientes, la Contraloría estableció que entre junio y septiembre de 2017, la Uspec pagó $2.152 millones por brazaletes electrónicos que no fueron utilizados. Tras adjudicar el contrato de vigilancia electrónica a la Unión Temporal Sistemas Electrónicos de Seguridad “se modificaron las condiciones de prestación de servicio y la forma de pago, estableciéndose una nueva que, de acuerdo con el concepto de la Contraloría, atenta contra los intereses patrimoniales del Estado”, señala el informe del organismo de control.
En octubre de ese año, Palau fue declarada insubsistente en la dirección de la Uspec. Para entonces, ya era investigada por la Fiscalía y la Procuraduría por un caso más: las presuntas irregularidades en los contratos de construcción de las cárceles de Pereira y Cómbita.
EL COLOMBIANO se comunicó con la Uspec y el Ministerio de Justicia, pero evitaron pronunciarse al respecto.
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billón de pesos destina el Presupuesto General de la Nación a la Uspec.
