Batidas relámpago en supermercados y retenciones mientras se dirigen a sus lugares de trabajo son algunas de las estrategias que utilizan las autoridades venezolanas para perseguir y deportar colombianos.
Mediante estas modalidades, en los cinco meses que van del año han sido expulsados de ese país 2.276 connacionales, un número que sobrepasa de forma considerable los datos de años completos como en 2010 o 2013, cuando fueron deportados 2.096 y 2.614 colombianos, respectivamente.
Las cifras fueron reveladas en el debate de control político al que fue citada la canciller María Ángela Holgín el pasado martes y que fue convocado por la senadoras Paola Holguín y Thania Vega, del Centro Democrático, y el senador Jimmy Chamorro, de la U, en la Comisión II de esa corporación.
Pero más allá de las deportaciones hay temas más delicados de fondo. Por ejemplo, según lo denunció la senadora Holguín, las autoridades están deportando a padres y madres colombianos con hijos menores de edad venezolanos, que quedan sin custodia, mientras se solicita su repatriación.
“No se está respetando el debido proceso, la gente sale a hacer sus compras y allá los detienen y se los llevan hasta tres y cinco días en condiciones infrahumanas con denuncias de maltratos, muchas veces sin alimentos, incluso con niños”, afirmó la senadora Holguín.
En tanto, Chamorro advirtió que además del debido proceso, las autoridades del vecino país, están pasando por alto normatividad internacional como la convención de Ginebra.
“Hay compatriotas que se han ido a Venezuela huyendo de amenazas, pero están siendo deportados quedando expuestos aquí, en un desacato flagrante de las nomas internacionales sobre refugiados, que sostienen que no se puede expulsar o deportar a ciudadanos de otro país cuando es amenazado en el territorio del cual salió”, dijo Chamorro.
