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Feria de avales y de candidatos bajo la lupa en Puerto Berrío

En el Magdalena Medio Antioqueño 36 ciudadanos aspiran a 6 alcaldías. Este caso es único: el próximo 27 de octubre 10 aspirantes se harán contar en las urnas.

  • Según la alcaldía, este año se han registrado en Puerto Berrío 34 asesinatos. FOTO jaime pérez
    Según la alcaldía, este año se han registrado en Puerto Berrío 34 asesinatos. FOTO jaime pérez
  • En Puerto Nare hay apatía y temen que se repita la violenta jornada electoral de 2015, que terminó con quema de votos.
    En Puerto Nare hay apatía y temen que se repita la violenta jornada electoral de 2015, que terminó con quema de votos.
Feria de avales y de candidatos bajo la lupa en Puerto Berrío
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Germán Jiménez Morales | Enviado especial, Puerto Berrío | Publicado

Diez candidatos que quieren convertirse en alcaldes. Tres, presuntamente “de la cuerda” del actual alcalde y uno de la primera dama, según comentan los ciudadanos. Un partido político que avaló a dos aspirantes y armó un lío que aún no se resuelve. Un juego de “te doy un aval hoy y te lo quito mañana”, en el que los afectados no confirman los más de $15 millones que, supuestamente, cuesta un respaldo como ese. Y una lista de investigados por las autoridades, encabezada por los dos favoritos. Tal es el escenario que tienen ante sí los 34.079 votantes potenciales de Puerto Berrío, municipio del Magdalena Medio Antioqueño.

El exalcalde Robinson Alberto Baena Zuluaga (2012-2015) es, según sus propios rivales, el más opcionado para convertirse en la primera autoridad municipal. También es el más emproblemado y, por ello, optó por hablarle a EL COLOMBIANO a través de su abogado Ever Robinson Vergara.

Baena dijo que quiere repetir cargo porque el pueblo le tiene cariño, terminaría las obras que él empezó y convertiría a Puerto Berrío en un buen vividero.

“Robinson es maquiavélico, embaucador, populachero y enredó a los estratos bajos en su alcaldía, regalándoles electrodomésticos que les exigía a sus funcionarios”, aseguró Jorge Bedoya, comerciante y excandidato al Concejo.

Vergara, quien fue secretario de Gobierno en el mandato de Baena, aseguró que eso era parcialmente cierto: él mismo dio electrodomésticos, en fechas especiales, como el Día de la Madre, pero los funcionarios se los entregaban al alcalde, no por exigencia, sino por su propia voluntad.

Bedoya, y Leonardo Ortega Caicedo, coordinador de la Mesa de Derechos Humanos del Magdalena Medio, afirmaron que, como alcalde, Baena incurrió en presuntos hechos de corrupción que fueron denunciados por el abogado y periodista Edison Alberto Molina, quien fue asesinado el 6 de septiembre de 2013. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) asegura que por esas denuncias Molina fue perseguido, estigmatizado, acosado, amenazado por anónimos y también por funcionarios de la alcaldía de Baena, quien en Teleberrío “indicó que “Los Enanos” (grupo opositor liderado por el periodista) eran sicarios delincuentes, subversivos, aliados de grupos paramilitares y que debían ser eliminados, incitando al odio y violencia en su contra”.

El abogado Vergara -quien también está citado en la revelación de la FLIP- anunció que él y su candidato denunciarán a la Fundación, negó que hayan realizado tales incitaciones y destacó que ni él ni el exalcalde han sido llamados por la Fiscalía para declarar en el caso del asesinato de Molina, a quien no reconoció como periodista.

En cuanto a las investigaciones que enfrenta Baena, Vergara comentó que el exalcalde tiene varios expedientes abiertos en la Procuraduría, “por quejas menores”; en la Contraloría, por la construcción de unas piscinas públicas; y una imputación de presunto peculado por apropiación en la Fiscalía, por un proyecto de construcción de vivienda: “creemos que viene una preclusión de ese caso porque no se perdió un peso”, dijo el abogado del candidato.

En Puerto Nare hay apatía y temen que se repita la violenta jornada electoral de 2015, que terminó con quema de votos.
En Puerto Nare hay apatía y temen que se repita la violenta jornada electoral de 2015, que terminó con quema de votos.

¿Y los avales?

Henry Alonso Escobar va por su cuarta alcaldía (91-92, 95-97, 2004-2007), pero, según él, en su camino se interpuso la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Partido de Reivindicación Étnica (PRE) “por una posible venta de un aval”.

Escobar relató que fue el primero en matricularse en Puerto Berrío a nombre de ese partido. El aval se lo firmó “el dueño del PRE”, Gustavo Prado Cardona, y lo usó para inscribirse como candidato en la Registraduría, el 26 de julio. Al día siguiente, agregó, apareció un señor con la Resolución 01 del 26 de julio, en la que le revocaban ese aval, “por un error informático”, y se lo ratificaban a otro candidato, Robinson Alberto Baena Zuluaga. Como dudaron de la autenticidad de ese acto, que aparece firmado por el secretario general del PRE, Wilson Rentería Riascos, instauraron las denuncias de rigor y el tema quedó para el esclarecimiento del Consejo Nacional Electoral.

En concepto de Escobar y sus asesores, “los dos avales son legales, pero no pueden coexistir”. Al preguntarle qué razón les dio “el dueño” del partido sobre el caso, anotaron que “el PRE está dividido por un tema de la venta de avales. Gustavo Prado es candidato a la alcaldía de Cali y su propio partido está pidiendo la revocatoria de su inscripción y la de otros 14 candidatos. El tema de fondo es una venta de avales”, enfatizaron las fuentes, que remitieron como evidencia un audio de un personaje, al que llaman “Uribito”, que cuenta detalles sobre la manera como presuntamente se negocian en Bogotá estos respaldos, que le dan vida a las aspiraciones de candidatos a gobernaciones, alcaldías, concejos y asambleas.

Escobar y sus asesores indicaron que ellos, al igual que Robinson Baena, corren el riesgo de quedarse sin el aval del PRE. Si eso llegare a ocurrir, sería el tercer aval que perdería el candidato con mayor favorabilidad. En efecto, Ever Robinson Vergara le relató a EL COLOMBIANO que él mismo tramitó y obtuvo el aval del MAIS para Robinson Baena y con el presidente de ese partido en Antioquia adquirió el compromiso de ponerle 2.000 votos en Puerto Berrío.

“Robinson, desde el aeropuerto Eldorado, de Bogotá, anunció por las redes sociales que tenía el aval de MAIS. A los 8 días subió el candidato Gustavo Medina a la capital y dijo que le habían revocado el aval a Robinson. No conocemos el acto de revocatoria y nos dio miedo usar ese aval para inscribir la candidatura a la alcaldía”.

Vergara agregó que el otro aval, de la AICO, se los entregaron a mediados de julio. De nuevo, Baena dio el anuncio desde el aeropuerto Eldorado. Sin embargo, en una convención de la AICO, realizada en Medellín para entregar avales, ni los dejaron entrar al recinto de Adida, la asociación de profesores. “Al terminar el evento aprovechamos y nos metimos con Robinson, quien se paró en la tarima para la foto. Y, oh, sorpresa, a las 2 horas salió de una oficina privada de esa sede Gustavo Medina mostrando el aval de la AICO. Ni a los aspirantes a concejales de Berrío ni a nosotros nos entregaron el aval”.

Gustavo Ernesto Medina Zapata, uno de los presuntos candidatos respaldados por Jaime Cañas, alcalde de Puerto Berrío, afirmó que “no, en lo absoluto, no cuento con el respaldo del alcalde o de la primera dama”. Así mismo, explicó que el aval que le dio el Partido Conservador lo recibió del representante a la Cámara, Germán Blanco, pues este decidía a quién se le daba el respaldo, al ser el mayor elector en Berrío.

Del aval recibido de la AICO, Medina explicó que Baena se fue a tramitarlo a Bogotá, desconociendo que el procedimiento pasaba en Antioquia por la Federación de Comunales y los presidentes de las Juntas de Acción Comunal. Él, Medina, se postuló y contó con el beneplácito de muchos comunales de Berrío. “Al final, añadió, el aval nos fue entregado a nuestro proceso a través de una coalición de partidos”.

Sobre el aval del MAIS, afirmó que él y Baena fueron engañados por un directivo que les prometió, a ambos, el aval. Medina dijo haber aclarado la realidad del mecanismo como se otorgaba y al final él se quedó con el coaval definitivo.

El candidato reconoció que, entre 2016-2017, le prestó servicios profesionales a la alcaldía de Cañas, por los cuales recibió $230 millones. Eso le valió una denuncia de Miguel Antonio Díaz ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por una presunta inhabilidad: su unión marital de hecho y sociedad conyugal con Wallis Giraldo, secretaria de Salud de Berrío y alcaldesa (e) en la época en que Medina fue contratista. “Han argumentado, sin prueba alguna, que mi separación con la mencionada funcionaria es simulada, lo cual no es cierto”, como trata de probarlo el candidato ante las autoridades competentes.

Infográfico
Germán Jiménez Morales

Periodista y escritor. Diplomado en información económica y financiera, Geopolítica y finanzas para no financistas.

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