Más energías renovables y deforestación subiendo: así le fue a Duque en el sector ambiente

El Gobierno saliente se despide con potentes avances en cuando a áreas protegidas, recepción de recursos de la comunidad internacional y con una ley que castiga con fuerza los delitos ambientales. Pero también se va sin el Acuerdo de Escazú ratificado y con la destrucción de bosques incrementando.

El Gobierno se despedirá con 2.888 megavatios de energía eólica y solar adjudicados. En contraste, dice adiós con un incremento entre 2020 y 2021 de la deforestación. FOTOS COLPRENSA Y JULIO CÉSAR HERRERA

El Gobierno saliente se puso la camiseta de la protección del medioambiente en las instancias internacionales, pues se comprometió con metas altas e hizo distintas promesas, como las de tener más hectáreas de océanos protegidas y reducir la deforestación un 30% entre 2018 y 2022. Y, a su vez, se propuso incrementar el potencial de Colombia en energías renovables, como parte de la necesaria transición energética en la que están avanzando, entre otros, los países europeos.

Ahora bien, los resultados son agridulces, en tanto muestran mejoras y complicaciones, dependiendo el ítem que se mire.

Cuando el presidente Iván Duque pisó la Casa de Nariño, Colombia tenía 12,4 millones de hectáreas (ha) marinas protegidas y se despedirá con 30,1 millones ha, alcanzando el 30% del patrimonio natural del país protegido. La meta, parte de los requisitos de la Alianza Global por los Océanos, se alcanzó 8 años antes de lo previsto. Indiscutiblemente es un logro a destacar de los 4 años de gestión del mandatario saliente.

¿Cómo lo hizo? Amplió el Santuario de Flora y Fauna Malpelo y el Distrito de Manejo Integrado de Yuruparí, y creó dos áreas marinas nuevas, llamadas Cordillera Beata, en el Caribe, y Colinas y Lomas Submarinas, en el Pacífico.

“Es la más grande conquista de la conservación que ha logrado nuestro país. Estamos hablando de un 34 % del territorio colombiano que hoy podemos llamarlo área protegida y lo hicimos antes del año 2030”, anotó Duque el pasado 26 de julio, considerando que el 37,63% del área marina y el 31% de la terrestre están protegidas.

Por otro lado, el país evidenció una reducción de la deforestación con respecto a 2018, pasando de 197.159 ha deforestadas a 174.103 ha, en 2021. Sin embargo, entre 2020 (171.685 ha) y 2021, se registró un incremento del 1,5%. Es decir, que la meta del Plan Nacional de Desarrollo de reducir este crimen en un 30% no se logró, aunque el avance también es evidente en esta materia.

Según el reporte del Ideam, el 77% de este fenómeno en Colombia se concentró en Norte de Santander, Antioquia, Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. De hecho, el Parque Nacional Natural Chiribiquete (ubicado en la frotnera entre Caquetá y Guaviare) fue el Parque en el que más se incrementó este fenómeno, pasando de 1.948 (2020) a 2.207 (2021) hectáreas deforestadas.

Para combatir este y otros delitos contra la naturaleza, el Gobierno impulsó la Ley de Delitos ambientales, aprobada en octubre de 2021, con la cual se tipificaron como conductas ilegales la deforestación, su promoción y financiación, y el tráfico de fauna, entre otros. Además de los daños a los recursos naturales la caza y pesca ilegal y la contaminación ambiental, etc. Y, entre otras medidas, se le dio viabilidad a imponer penas de hasta 15 años de cárcel para los deforestadores.

Sumado a eso, Duque aseguró 33,5 millones de dólares entregados por Alemania, Noruega y Reino Unido para luchar contra los daños ecosistémicos y los delitos en contra del ambiente. El anuncio de recepción de estos recursos se hizo durante la cumbre climática COP26 en Glasgow (Escocia). Este es el primer desembolso y se destinará en un 60% al Fondo Colombia Sostenible y en un 40% al Programa Visión Amazonía.

Pero, a pesar de los avances en este sentido, en Colombia fueron asesinados 65 líderes ambientales durante 2020, cuando en todo el mundo se registraron 227 homicidios de ese tipo, según Global Witness. En 2019, en nuestro país hubo 64 asesinatos de ese tipo.

En contraste, el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina, que Duque se comprometió a ratificar, no pasó en el Congreso durante su administración (las nuevas mayorías del Congreso lo aprobaron en segundo debate). En 2019, el presidente radicó el proyecto con mensaje de urgencia, sin éxito. Después, en 2022, lo volvió a presentar, pero sin dicho empuje y no había avanzado.

El espíritu del acuerdo es garantizar el derecho de las personas a acceder a la información ambiental, participar en la toma de decisiones que los afectan y acceder con facilidad a la justicia cuando lo necesiten. Además, promueve la protección de los defensores del medioambiente y los derechos de las comunidades indígenas. El Centro Democrático, partido del presidente, es el principal opositor de esta iniciativa.

En cuanto a energías renovables, para el año 2018, Colombia contaba con 28,2 megavatios (MW) de capacidad instalada para generar de energía a partir de energía eólica y solar. Según el Ministerio de Minas, con las subastas de 2019 y 2021, se adjudicaron 2.888 MW que estarían entrando a operar por completo entre 2022 y 2023, “multiplicando por 100 veces la capacidad instalada de estas fuentes”.

En julio, el Ministerio de Minas y Energía inauguró dos granjas solares en Puerto Gaitán, Meta y con esto completó 25 granjas de este tipo en el país. Aparte, Colombia tiene más de 3.000 proyectos solares fotovoltaicos de autogeneración a pequeña escala.