La férrea decisión del presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria Muñoz, de cancelar la licitación que estaba en curso para el arriendo de 215 vehículos blindados para dotación de los congresistas de esa corporación (por valor de 70 mil millones de pesos), y haber puesto en manos de la Policía Nacional la seguridad de los congresistas y la asignación de vehículos, ha generado tanta polémica entre los legisladores que la semana pasada los integrantes de la bancada de la U llegaron al punto de sabotear las sesiones plenarias de la Cámara, alegando que no volverían a legislar hasta reunirse con el Presidente de la República.
En buena hora el multimillonario contrato que ya había sido suspendido en enero pasado y que el destituido director administrativo Jairo Jaramillo Matiz insistía en llevar hasta el final, fue abolido irrevocablemente porque, como informaron la Procuraduría y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se encontraron serias irregularidades en las licencias de las empresas que pretendían ganar la licitación.
Plausible que el joven presidente de la Cámara, luego de la firma del convenio interinstitucional con el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, no se haya dejado intimidar por los mañosos parlamentarios, que con tal de conseguir sus propósitos (léase: camionetas blindadas último modelo), han recurrido a toda clase de mecanismos de presión.
El acuerdo firmado es trascendental, no solamente porque acaba con las odiosas roscas y las componendas que se presentan a la hora de adjudicar vehículos y elementos de dotación de seguridad (armas, chalecos antibalas, etc.), sino también porque ayuda a contener esa vena rota que representa el parque automotor de las entidades del Estado, que continuamente sangra al erario (dos mil millones de pesos anuales en mantenimiento y gasolina de los carros del Congreso).
De ahora en adelante, las armas, los chalecos y la adjudicación de vehículos blindados serán, exclusivamente, para aquellos representantes cuya seguridad, previo estudio de la Policía Nacional, presente altos niveles de riesgo.
Los demás parlamentarios que quieran estrenar carro deberán, como cualquier parroquiano, comprarlo.
Podrán hacerlo por el sistema de libranza, con tarifas preferenciales que ya tramitó la Cámara y con la facilidad de ser descontados de su jugoso salario.
Vamos a ver si quienes accedan a comprar su vehículo les van a dar el mismo tratamiento que les han dado a los que les ha suministrado el Estado.
Sería interesante comprobar si al cabo de cuatro años, esos vehículos quedan sirviendo únicamente como chatarra, como suele suceder con los que les suministra el Estado.
Es escandaloso que en los últimos 18 meses se hayan presentado 97 choques de vehículos de la Cámara de Representantes por un valor superior a los 600 millones de pesos que, si bien es cierto han sido sufragados por las compañías de seguros, también lo es que los costos de las pólizas por los constantes reclamos se encuentran disparados.
Contrario a lo que piensan muchos congresistas, y entre ellos el orondo presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, la dignidad de un congresista no radica en los privilegios de que dispone, sino en su solvencia moral y en el buen juicio y la responsabilidad social con la que asume su trabajo.
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