Más de cuatro millones y medio de colombianos que viven en las ciudades tuvieron ocho millones de necesidades jurídicas en los últimos cuatro años, en donde prevalecen los asuntos relacionados con hurtos, estafas, prestación de servicios de salud, prestación de servicios públicos domiciliarios y conflictos vecinales o familiares.
La magnitud de la demanda del servicio de justicia en el país quedó planteada al conocerse, este miércoles, los resultados de la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas, presentados por el Ministerio de Justicia, el Banco Mundial y la Cámara de Comercio de Bogotá.
El estudio, que realizó 5.866 encuestas en las 14 ciudades más grandes del país, deja ver por primera vez cómo está Colombia en materia de necesidades de justicia, los niveles de conocimiento de la ciudadanía sobre mecanismos de acceso y los mayores conflictos por los que reclaman los colombianos, entre otros.
De acuerdo con la encuesta, la población en pobreza extrema padece en mayor medida conflictos relacionados con delitos violentos, desplazamiento forzado y amenazas, mientras que la población con discapacidad sufre relativamente más conflictos relacionados con la discriminación personal y el hábitat.
Hay otro dato que llama la atención y es el hecho de que la proporción de necesidades jurídicas que son resueltas a través de una autoridad judicial, una administrativa o un particular es muy baja: 13 por ciento de los conflictos para la población general o con discapacidad, y menos de 10 por ciento para la población en pobreza extrema.
"Eso se debe, en buena medida, a que se renuncia a hacer algo en cuatro de cada 10 casos de la población general, en la mitad de los de la población con discapacidad y en casi seis de cada diez de la población en pobreza extrema", explicó la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, durante la presentación de la encuesta.
La encuesta encontró que la población en pobreza extrema muestra los niveles más bajos de procesos solucionados porque sus casos son excluidos en mayor medida que los de las otras dos poblaciones (población general y en condición de discapacidad).
En comparación con la población general, la población en extrema pobreza tiene mayores niveles de demandas negadas (5 por ciento Vs. 14 por ciento de la demanda presentada) y de incumplimiento de las decisiones (9 por ciento Vs. 18 por ciento de las decisiones o conciliaciones).
“Sin lugar a dudas, este ejercicio, de gran interés para el Gobierno Nacional, la Rama Judicial, los órganos de control, las universidades, los cooperantes internacionales y la comunidad jurídica del país, brindará los insumos requeridos para la toma de decisiones de política pública, en materia de acceso a la justicia y la construcción colectiva de mejores escenarios para la satisfacción plena de las necesidades jurídicas de los individuos en Colombia”, agregó Correa.
Un hallazgo relevante de la encuesta muestra una cierta capacidad de los colombianos para resolver en forma negociada y pacífica sus conflictos mediante el arreglo directo, que es el momento en que el conflicto puede solucionarse sin acudir a un tercero.
La encuesta permitió identificar igualmente los obstáculos de acceso a la justicia, y los tres principales fueron: falencias en la orientación jurídica, una especia de decepción acerca del desempeños de autoridades y particulares y la demora en los procesos.
Además, revela que una parte de la conflictividad nacional es manejada directamente por los afectados a través de dos mecanismos: de un lado, renuncian explícitamente al reclamo o se resignan a no hacer nada, y de otro, proceden a adelantar una negociación con la contraparte para llegar a un arreglo directo que ponga fin al problema jurídico.
En el primer caso (la renuncia a hacer algo), se presentaron algunas diferencias significativas: el porcentaje es mucho más bajo en las empresas (23 por ciento) y en los usuarios de la conciliación en derecho (26,4 por ciento), que en la población general (51,9 por ciento) y en especial frente a las poblaciones en extrema pobreza (59,2 por ciento) o en situación de discapacidad (61,6 por ciento).
Para el segundo caso (negociación directa con la contraparte) la situación es inversa: negocia mucho más la población general (34 por ciento) que las empresas (17,6 por ciento) o los usuarios de la conciliación en derecho (14,2 por ciento).
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