Las herramientas jurídicas se le están agotando al alcalde de Bogotá Gustavo Petro para frenar la destitución e inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos que le impuso la Procuraduría General.
Con la primera batalla perdida en el Consejo de Estado, Petro solo espera que la Sala Plena firme la decisión que le negó la tutela que él había presentado en contra del fallo del Ministerio Público.
A Petro le resta esperar que el Consejo de Estado falle, en decisión unificada, sobre las tutelas que presentaron otros ciudadanos y que en primera instancia sí suspendieron los efectos de la destitución y frenaron un paso esencial que es la notificación al Presidente sobre su destitución.
Mientras Petro espera a que fallen esas tutelas, por el lado del Consejo Superior el panorama no es mejor.
Los magistrados de la Sala Disciplinaria estudian en segunda instancia las 300 tutelas que fueron falladas a su favor por la Seccional de la Judicatura de Bogotá y que suspendieron los efectos de la destitución.
No obstante, la ponencia que presentó el magistrado Pedro Sanabria no es favorable a Petro pues pide tumbar ese fallo de primera instancia y negar el amparo concedido.
Ayer, los magistrados estudiaron la ponencia pero no la votaron porque le pidieron explicar con más detalles por qué, en su criterio, no le fueron vulnerados los derechos políticos a las personas que interpusieron las tutelas.
La ponencia, de 39 páginas, señala que "esos derechos no tienen carácter absoluto y, por tanto, de ninguna manera su ejercicio puede impedir la existencia de procesos disciplinarios y la imposición de las sanciones que en derecho correspondan". Para hoy, la Sala Disciplinaria de la Judicatura votaría la ponencia tal como está. Si así sucede, la salida de Petro de la Alcaldía se daría en cuestión de semanas.
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