Activistas de derechos humanos hicieron un llamado al gobierno nigeriano para que investigue y procese a los responsables de la muerte de más de 500 civiles inocentes, en una nueva ola de violencia entre musulmanes y cristianos.
El presidente interino Goodluck Jonathan había prometido que los enfrentamientos acabarían luego que 300 personas perecieran en enero. El mandatario despidió a su consejero de seguridad nacional la noche del lunes tras la violencia del fin de semana.
"Luego de las matanzas de enero, las aldeas debieron haberse protegido adecuadamente", dijo la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Navi Pillay. "Está claro que los esfuerzos anteriores para atender las causas subyacentes han sido inadecuados y, mientras tanto, las heridas han empeorado y se han profundizado".
El grupo Human Rights Watch también le pidió a Jonathan que ofrezca protección a los residentes de pequeñas aldeas alrededor de Jos, una ciudad central nigeriana que ha sido el foco de la violencia entre grupos religiosos.
Aquellos que sobrevivieron a los ataques del domingo en las tres aldeas, principalmente cristianas, señalaron que las fuerzas de seguridad nunca los resguardaron, a pesar de que Jos ha permanecido bajo toque de queda desde los enfrentamientos de enero.
"Las autoridades tienen que proteger a estas comunidades, llevar a los agresores ante la justicia y atender las raíces de la violencia", señaló Corinne Dufka, investigadora de Human Rights Watch.
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