El año pasado 1.100 niñas y 209 niños faltaron un día a la escuela para ir de visita al Instituto Nacional de Medicina Legal de Medellín. Llegaron para demostrar que en su cuerpo quedaban rastros de un delito sexual. Y 1.182 pasaron del examen a poner la queja ante la Fiscalía.
Según el Centro de Atención Integral a Víctimas de la Violencia Sexual (Caivas) el 72 por ciento de las denuncias las hicieron víctimas de actos sexuales abusivos. Y el delito de violación, acceso carnal o asalto sexual lo sufrió un 13 por ciento. Entre ambos tipos de abuso sexual, 894 de las víctimas eran menores de 14 años de edad y 288 adolescentes entre los 14 y los 17.
La trabajadora social del grupo de Prevención de Abuso Sexual del Icbf, regional Antioquia, Blasina Hurtado Hurtado , afirma que el grupo más vulnerable es el de cero a 6 años. "Encontramos con preocupación que el 30 por ciento de los casos es cometido por personas que están dentro del mismo grupo nuclear. Es decir, el padre, padrastro o hermano".
El 29 por ciento de los agresores fueron amigos de la familia, vecinos o conocidos. Los abuelos, tíos, primos o miembros de la familia lejanos representaron el 25. Y el 15 por ciento fueron cometidos por extraños.
Manrique, Santa Cruz, Doce de Octubre, Villa Hermosa y San Javier fueron las comunas donde hubo mayor ocurrencia de violencia sexual contra niños.
"Estas comunas son identificadas como zonas de alto riesgo por las situaciones de violencia intrafamiliar, hacinamiento y conflicto social, pues allí llega un alto porcentaje de personas y familias desplazadas", declara Hurtado.
Las de Guayabal, La América y El Poblado también aportaron entre las tres un 6 por ciento de los abusos en Medellín.
"Podríamos decir que de esas cifras de abuso sexual infantil se está dejando de visibilizar un 30 por ciento de los casos reales", afirma Hurtado, teniendo en cuenta que no todas las familias llevan su caso a la Fiscalía o al Icbf. También opina que el abuso sexual infantil es una problemática de salud pública por las consecuencias físicas, morales y psicológicas que les deriva el trauma a los niños. "Esa afectación los lleva a la depresión, a las fobias e incluso al deseo de morir".
El informe de derechos humanos de la Personería de Medellín advierte además sobre la pornografía, proxenetismo, facilitación de medios estratégicos de comunicación a través de tarjetas, volantes, casas de masajes para ofrecer servicios sexuales a menores de edad, acoso y explotación sexual.
Denunció que en 2009 dos niñas de 13 y 14 años fueron violadas por agentes oficiales. Y en 2011 una niña de 8 años fue abusada sexualmente y estrangulada en la comuna 13. "La ciudad está deficiente en la prestación integral de atención de menores. Se necesitan medidas inmediatas para el restablecimiento de derechos", opina el personero delegado, Jesús Vásquez.
Y recomienda que se diseñen "acciones y programas con cobertura, permanencia e integralidad suficientes, tendientes a prevenir la violencia sexual contra los niños y niñas".
Después de Medellín los municipios con más sospechas de violencia sexual infantil fueron Bello, Itagüí, Caldas y Turbo, según la tabla del Centro de Referencia Regional sobre Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se practicaron 1.285 exámenes en el resto de Antioquía.
En la Fundación Lucerito, entidad que ofrece una alternativa integral frente al abuso sexual infantil, aseguran que esta problemática es "una pandemia desconocida y desatendida". Que en las áreas rurales la situación es crítica porque las denuncias son mínimas. Que las cifras no representan la realidad. Que el reto no solo está en castigar al abusador sino en reintegrar y componer la lesión psicológica del menor. Que la niñez de Colombia empezó mal y que "hay niños que no le están doliendo a nadie".
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