Tal como se preveía, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó ayer por mayoría la Ley Orgánica de Comunicación que censura la labor informativa y blinda al presidente Rafael Correa de cualquier información de prensa que lo cuestione.
"La Ley prohibe la censura previa, es decir, la revisión, aprobación o desaprobación por parte de una autoridad o funcionario público de los contenidos, previo a su difusión a través de cualquier medio de comunicación", destaca un comunicado del gobierno ecuatoriano presentado ayer.
El organismo legislativo aprobó la iniciativa con 108 votos a favor, 100 de ellos del partido de gobierno Alianza País, 26 votos en contra y solo una abstención, para un total de 135 legisladores presentes.
El nuevo texto legal tiene 119 artículos y 23 disposiciones transitorias y pasa a manos del presidente Correa para la promulgación de la ley.
Carlos Lauría, coordinador para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, dijo a AP que la nueva ley "limita severamente la libertad de expresión por su carácter ambiguo. Permite una amplia discrecionalidad para imponer sanciones y abre las puertas para la censura gubernamental a la prensa".
Añadió que "finalmente establece uno de los objetivos claves que tiene Correa bajo su mandato que es silenciar a los críticos de sus gobierno".
Por su parte, el director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, Diego Cornejo, dijo a este diario que "viene un período muy complicado para la prensa privada y para el periodismo independiente en Ecuador, viene una suerte de totalitarismo informativo, que se va a plasmar un Estado de propaganda en Ecuador".
Las tensiones entre Correa y los medios también han pasado a la arena judicial en las que el presidente logró dos sentencias a su favor: la primera tras enjuiciar por injurias al ex editor de opinión, tres directivos y al diario El Universo y obtuvo una indemnización de 42 millones de dólares, y la segunda, cuando enjuició a dos periodistas que publicaron un libro en el cual señalaban los negocios que mantenía el hermano mayor del mandatario, Fabricio, con el Estado, lo cual está prohibido por ley. Los autores del libro recibieron una sentencia a pagar dos millones de dólares.
En cuanto a los promotores de la ley, el asambleísta Mauro Andino, en su discurso ante la plenaria dijo ayer que "como ciudadanos queremos libertad de expresión con las limitaciones que establece la constitución e instrumentos internacionales y una libertad de información, pero con responsabilidad ulterior, una ley que se construye a partir de un enfoque de derechos para todos, no para un grupo de privilegiados".
Con la aprobación, se creará el Consejo de Regulación, el Consejo Consultivo, y la Superintendencia de la Información y Comunicación, especie de superintendencia que podrá realizar auditorías y aplicar sanciones económicas y administrativas, y establecer la responsabilidades civiles y penales a los periodistas que difundan textos que lesionen al Gobierno.
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