La oleada de ataques de las guerrillas contra oleoductos, pozos, maquinaria y trabajadores petroleros son la principal causa para que este año aún no se logre la meta de producir un millón de barriles de petróleo al día, a pesar del auge de explotación de crudo que vive el país.
Arauca y Putumayo fueron los blancos de los atentados de las últimas tres semanas, que no solo interrumpieron la extracción de crudo en los oleoductos Caño Limón Coveñas y Trasnadino, sino que causaron la muerte de seis trabajadores de empresas y contratistas (ver infografía).
La preocupación es latente en la industria, tal como lo reconoció Alejandro Martínez , presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, quien insistió en que el deterioro de la seguridad es evidente este año.
"Los atentados contra el oleoducto Caño Limón Coveñas en Arauca, la quema de vehículos cisterna, en conjunto con los problemas en otras regiones, afectaron la producción que en mayo fue de 936 mil barriles diarios, 21 mil menos que en abril", indicó Martínez.
El dirigente gremial agregó que la alarma aumentó porque este año las guerrillas no solo han atacado la infraestructura y vehículos en Arauca, Norte de Santander, Casanare, sino que "el asesinato de cinco contratistas de Ecopetrol en Putumayo (el miércoles pasado) fue un golpe dirigido contra civiles, que interpretamos como una violación al Derecho Internacional Humanitario".
La muerte de los cinco trabajadores contratistas de Ecopetrol en Puerto Caicedo (Putumayo) el pasado miércoles, se sumó la voladura del oleoducto Trasandino en zona rural del municipio de San Miguel.
En marzo pasado, tras una ola de atentados, el Gobierno anunció la creación de seis batallones este año para proteger la infraestructura energética y petrolera en el Oriente del país.
"Esperamos que esto y la nueva estrategia planteada desde el Ministerio de Defensa revierta esta situación", reclamó Martínez.
El paro armado del Eln
Los anuncios del Gobierno de más pie de fuerza para Arauca no mitigan la preocupación por la oleada de ataques. El paro armado impuesto por el Eln durante la semana pasada afectó a Arauca y dejó un lastre de hostigamientos, atentados, municipios sin transporte y comercio cerrado.
El paro fue atribuido por las autoridades regionales a la conmemoración del 48 aniversario de la fundación del grupo guerrillero, que hace presencia con el frente Domingo Laín. Según el gobernador de Arauca, Facundo Castillo , aunque no hubo muertos, se afectó una vez más la vida de los habitantes.
"A pesar de la seguridad y el despliegue de la Fuerza Pública la comunidad sintió miedo y los transportadores y comerciantes paralizaron sus labores por temor a represalias en los siete municipios del departamento", indicó Castillo.
En un esfuerzo por transmitir seguridad, el presidente J uan Manuel Santos viajó a Arauca el pasado jueves y anunció que en respuesta a las solicitudes de los alcaldes se aumentó el pie de fuerza en 1.800 soldados este año para completar 12.800 uniformados en este departamento fronterizo con Venezuela. Aunque el paro armado finalizó el viernes, tras un consejo de seguridad, se decidió restringir la circulación de moto con parrillero durante los próximos 15 días en Arauca, Arauquita, Saravena y Fortúl, además del toque de queda entre las 8:30 de la noche y las 6:30 de la mañana.
El fin de semana antepasado, el frente 10 de las Farc había derribado dos torres de energía, lo que dejó sin energía eléctrica a Cravo Norte, Arauquita y Arauca. Ademas de los atentados, los pobladores de Arauca son afectados por las extorsiones y secuestros por parte de las Farc y el Eln. El general Sergio Mantilla , comandante de las Fuerzas Militares, ha explicado que es una de las 10 zonas consideradas por las autoridades como zonas críticas y de retaguardias de las guerrillas.
Para Andrés Rosero , secretario de Gobierno de Putumayo, la arremetida guerrillera requiere más atención del Gobierno, por los acciones contra la infraestructura petrolera y por la afectación a la población civil. "Es muy grave el aumento de víctimas de minas antipersonal, que este año ya dejan 25 víctimas, en su mayoría campesinos y menores de edad, mientras que en todo el año pasado fueron 16 los afectados. Urge un desminado humanitario porque las guerrillas instalaron minas para impedir la erradicación de la coca".
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