Un video de 48 segundos, que muestra el momento en el que un ciudadano somete al supuesto ladrón que le había acabado de robar sus pertenencias, se convirtió en uno de los más virales en las redes sociales esta semana.
La razón es que en ella se registra cómo, luego de perseguir al sujeto y embestirlo con su camioneta, el individuo es doblegado en una zona verde cerca a Industriales.
En el acto, un ciudadano que aparece en el video le dice al supuesto delincuente “así es como hay que hacer con ustedes, ¡oyó!”, al tiempo que otro transeúnte le grita “¡de buenas que no te mataron papá!”.
En tres días, más de 45 mil personas reprodujeron el video y los aplausos no se hicieron esperar en las redes sociales. Un usuario de Facebook que compartió el enlace dijo sobre el hecho que “ante la falta de determinación de las autoridades (...) la ciudadanía se ve obligada a proceder. No es venganza, es legítima defensa! Felicitaciones valiente conductor!”. Mientras que otro usuario comentó “¡Que les mochen las manos a todos” y uno más expresó que “Debieron darle de baja de una...”.
Sensación de impunidad
Este conjunto de expresiones, que en los últimos meses se han multiplicado, revelan “la impotencia y desespero que los ciudadanos sienten por la inseguridad en Medellín y manifiestan el desgaste de la gente, en virtud de que pasan los días y no ven que las medidas de seguridad que toman las autoridades estén funcionando”, explica el decano de la escuela de ciencias y humanidades de la Universidad Eafit y especialista en temas de seguridad ciudadana, Jorge Giraldo.
En palabras del director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, Fernando Quijano, “el concepto de la mal llamada limpieza social es un asunto que ha cubierto a Medellín durante décadas y surge porque, como no hay acción de la institucionalidad, los ciudadanos asumen por mano propia impartir justicia”. De ahí que se generalicen en la sociedad los discursos invitando a ser más duros y a ejercer la fuerza, según Quijano, “ante la debilidad de la institucionalidad”.
En la misma lectura del fenómeno coincide el concejal Bernardo Guerra, quien asegura que la problemática “se da por la falta de justicia y de respuestas adecuadas, oportunas y eficientes del Estado”.
Y el hecho de que la gente comparta esos videos en páginas de internet, explica Víctor Solano, coordinador de la Brigada Digital -iniciativa ciudadana para el uso solidario de redes sociales- se debe a la convergencia de dos factores. “Primero, hay una sensación de injusticia, porque el sistema judicial permite la impunidad, y, segundo, disponemos de tecnología móvil de transmisión y registro de hechos, que constituye un instrumento para evidenciar cómo la injusticia, según las creencias de la gente, debe ser combatida”, explica el experto Solano.
Medida equivocada
Sin embargo, independiente del motivo que lleve a las víctimas a reaccionar con violencia, las agresiones que se registran en los videos en cuestión o en los panfletos que circulan en Medellín anunciando la implementación de “limpieza social” por parte de grupos armados, podrían ser conductas delictivas, aún si los afectados justifican su reacción amparados en la legítima defensa.
De acuerdo con Fernando Velásquez, director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda, “la legítima defensa es un instituto que permite exonerar de responsabilidad penal a quien realiza una conducta punible prevista en la Ley Penal, para repeler una agresión (...) contra su vida o bienes”.
Así las cosas, continúa Velásquez, “cualquier repulsa que se haga por fuera de las exigencias legales anotadas no es constitutiva de legítima defensa (...) y esa agresión que se ejerce puede llegar a ser delictuosa a título de lesiones personales, homicidio, daño en bien ajeno, entre otros”.
En ese sentido, explica el brigadier general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana, que “no es válido por ningún motivo que un ciudadano común tome la Ley por su propia mano, pues eso tiene connotaciones criminales”.
Además, Iván Sánchez, secretario de seguridad, dice que “no podemos olvidar que Colombia tiene un ordenamiento jurídico, en el que está establecido cuáles son las autoridades que llevan a cabo la judicialización e insistimos en que el ordenamiento jurídico hay que respetarlo”.
Asimismo, Piedad Restrepo, coordinadora de la organización Medellín Cómo Vamos, manifiesta que “la ciudadanía debe ser consciente de que el Estado es quien resuelve las situaciones de inseguridad de la ciudad y, el hecho de que los ciudadanos enfrenten estas condiciones difíciles de seguridad, no implica que puedan ejercer justicia por sus manos, porque es nocivo para la institucionalidad”.
De ahí que tanto las autoridades como los analistas, consideren que los actos de intolerancia que son registrados en las redes, y que alientan a los ciudadanos a defenderse a como de lugar, indican que vamos por mal camino.
Para el general Mendoza, el hecho de que una persona enfrente a un criminal y lo ataque, “además de estar por fuera del contexto de la Ley, es una conducta riesgosa, de ahí que esa actuación violenta pueda llegar a ser tan peligrosa como la del delincuente”.
Y, desde el punto de vista de Sánchez, otro asunto que no se puede perder de vista es la violación de los derechos humanos al tomar justicia por mano propia, porque, según el funcionario, “si bien el delincuente está cometiendo un delito, tiene derecho a que se le respeten sus derechos, valga la redundancia”.
Y esa consideración la respalda Piedad Restrepo, quien argumenta que “siempre debe haber un respeto a la vida, sin discriminación, y no porque sea un delincuente se le pueden violar sus derechos”.
Otra contraindicación de participar en las reprimendas contra los criminales, señala Fernando Quijano, es que “con ese tipo de conductas se puede estar buscando organizar gente para crear nuevas estructuras delincuenciales”.
Por lo anterior, el decano Jorge Giraldo hace un llamado a la reflexión en la sociedad, pues, “ya en Medellín conocemos lo que vivimos en los 80 con la aparición de milicias en las comunas que impartían violencia y esa historia no la debemos repetir”.
El camino correcto
La recomendación del secretario de seguridad, Iván Sánchez, es que “la ciudadanía confíe en las autoridades y entienda que tomar justicia por su cuenta va contra la legalidad”.
Además, el general Mendoza explica que “lo mejor es dar el aviso a la autoridad, en este caso a la Policía Nacional, para que seamos nosotros quienes actuemos, porque estamos calificados para reaccionar”.
Y, en caso de que un ciudadano sea testigo de un delito, las autoridades coinciden en que lo más adecuado es ser solidario y llamar de inmediato a la línea única de emergencias 123, para que los uniformados reaccionen y tomen control del suceso.
En cuanto al manejo de las redes sociales, Mendoza asegura que hay que ser prudente, teniendo en cuenta que en esas páginas los usuarios pueden dejarles a los delincuentes pistas del accionar de la Policía para reprimirlos.
De igual manera, el secretario Sánchez dice que, si bien es cierto que la Fiscalía ya ha abierto investigaciones por las evidencias que han llegado por redes sociales, “son herramientas que debemos manejar con responsabilidad”.
Acerca de este punto, el experto Víctor Solano afirma que “una cosa es evidenciar los delitos y otra muy diferente es hacer justicia por las propias manos y registrarlo en video. Por esa razón, los ciudadanos deben dejar que las autoridades hagan su trabajo y que el sistema judicial imparta justicia, porque, así no nos guste, la justicia no está en nuestras manos”, expresa.
Para Jorge Giraldo, “hay casos en los que la intervención ciudadana es positiva, cuando se crean redes para publicar información y procurar que se tomen medidas de prevención, así es positivo que la sociedad de Medellín sea activa. El problema es cuando se pasa la línea que separa la administración de justicia por parte de la autoridad e intenta ser impartida por ciudadanos”.
El camino, entonces, es recurrir a la denuncia y dejarles a las autoridades que hagan su trabajo, porque, para Piedad Restrepo, “la violencia genera más violencia, aquí o en cualquier ciudad del mundo, y todo lo que esté por fuera de la institucionalidad no va en la línea correcta”.
Desde el punto de vista de Quijano, también existe en el panorama la opción de “marchar exigiéndole al Estado el cumplimiento de sus deberes en materia de seguridad y convivencia. Esta sociedad tiene que marchar contra la inseguridad y la falta de acción del Estado, pero lo que no puede hacer es armarse para responder”, concluye el experto.
