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El proceso de desmovilización de grupos armados ilegales y la reinserción a la vida civil de sus miles de combatientes tiene logros, falencias y amenazas, como lo son los cerca de 6.000 miembros de bandas criminales, cuyas acciones afectan a la población civil en todo el país.
Así lo revela el segundo Informe Nacional de Desmovilización, Desarme y Reintegración elaborado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el cual se apoya en el seguimiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA e información oficial y de organizaciones no gubernamentales.
Con respecto al primer informe en 2007, "hay avances de un proceso complejo, lleno de dificultades tanto jurídicas como de aplicación y que desbordó la capacidad de todos los que intervienen, desde el Estado y las instituciones no estatales", señaló Álvaro Villarraga, coordinador del área Desarme, Desmovilización y Reinserción de la CNRR.
Los avances y logros
Según el informe, se desarticularon las Auc, la mayoría de los 52.226 desmovilizados (31.671 de las Auc y 20.555 de guerrillas, entre 2002 y 2009) se reinsertaron a la vida civil y se avanza en políticas públicas y de reconciliación entre los antiguos victimarios y la sociedad.
Así lo reconoce la Mapp-OEA, según Marta Lopez, coordinadora de la Unidad de Análisis y Gestión del organismo. "Hay mayor cobertura en salud, educación, atención sicosocial a la población desmovilizada, apoyo económico ligado al desempeño. Fue un logro cambiar el enfoque de la atención individual a la comunitaria para favorecer la reconciliación".
Uno de los modelos que el informe reconoce como valioso para el proceso de desmovilización y reinserción es el aplicado por Medellín, a través de la oficina de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín.
Paulo Serna, coordinador del programa lo resume así: "este modelo se orienta a la reinserción de la persona, pero incluye en el proceso a la familia y la comunidad receptora, que antes pudo ser víctima de este individuo, para conseguir la reconciliación. Ayuda a construir un proyecto de vida y la generación de ingresos".
En Medellín habitan 5.564 desmovilizados de las Auc y la guerrilla. De éstos 1.049 laboran, mientras que 2.513 estudian y 3.446 reciben atención sicosocial. Del proceso han sido expulsados 108 desmovilizados, 186 están en proceso de expulsión por reincidir en delitos y 335 fueron detenidos por las autoridades. Van 453 fallecidos, 409 de ellos asesinados.
Reincidencia y rearme
Pero las amenazas al proceso se mantienen y causan preocupación. Tras recorrer las regiones y hablar con las comunidades, el informe de la CNRR alerta por rearme y crecimiento en los dos últimos años de las bandas criminales, integradas por unos 6.000 hombres. El 17 por ciento de los desmovilizados de Auc se rearmaron con estos grupos. Hace tres años se calculaban 5.000 armados.
"Según la Defensoría del Pueblo, estos grupos tienen como actividad principal el narcotráfico y producen violaciones contra la población civil en el contexto del conflicto armado. Mapp-OEA afirma que permanecen contextos de ilegalidad en zonas de anterior presencia paramilitar, como el narcotráfico y otras actividades ilegales y advierte de que por su forma de actuar las comunidades los perciben como la continuidad de los paramilitares", reseña el informe.
Para Álvaro Villarraga, de la CNRR, "la desmovilización no tuvo en cuenta los mandos medios, con entrenamiento militar y conocedores de temas de narcotráfico y prácticas paramilitares, que luego reprodujeron en las bandas criminales que algunos lideran".
La mayor incidencia de estos grupos ilegales se presenta en los departamentos de Cesar, Córdoba, Chocó, Caquetá, Meta, Bolívar, Putumayo, Valle, Antioquia, Nariño y Norte de Santander.
El informe discrepa de las cifras oficiales. La Policía reconoce la existencia de seis bandas criminales narcotraficantes: "los Rastrojos", "los Urabeños", "los Paisas", "los Machos", "Erpac" y "Renacer", integradas por 3.749 personas que delinquen en 159 municipios, de 18 departamentos.