Desde hace unos años, algunas organizaciones internacionales, como el Ifpri, alertaron al mundo, y en especial a los países en desarrollo, sobre el fenómeno creciente de la compra, por parte de algunos gobiernos de países ricos o con grandes poblaciones, de importantes extensiones de tierras agrícolas en países en desarrollo.
Como se sabe, el propósito de estas compras es, esencialmente, garantizar, a través de la producción agrícola en territorios extranjeros, la seguridad alimentaria futura de los pobladores del país que realiza la compra. Igualmente, con algunas de estas adquisiciones se busca acceder a la seguridad futura en el abastecimiento de agua.
Las organizaciones internacionales alertaron sobre el hecho de que, si dicha tendencia se llegare a consolidar, los flujos de comercio agrícola se verán fuertemente afectados, pues una parte de la demanda mundial de alimentos será satisfecha, directamente, a través de la producción realizada por los países allende sus fronteras. También alertaban sobre los efectos perversos que este fenómeno puede generar en las comunidades rurales de los países en donde se adquiere la tierra. Esta preocupación tiene que ver con la suerte de los pequeños productores y la población asalariada que pueden verse desplazados y obligados a migrar a otros territorios.
Igualmente, se puede presentar un fenómeno completamente nuevo: que las fuentes de agua de un país y, en general, de una parte de los recursos naturales renovables, estarán bajo el dominio de una potencia extranjera que podrá explotarlas directamente y transportar el valioso líquido hacia su territorio, negándoles a los habitantes del país propietario de las fuentes de agua su acceso libre y soberano.
Asimismo, dichas organizaciones hacían recomendaciones sobre cómo manejar estos asuntos para evitar el tipo de daños antes reseñados y sacar provecho, de ser el caso, de las oportunidades que de estas situaciones se podrían derivar.
En Colombia, algunos de estos estudios se divulgaron y un grupo de expertos y organizaciones debatieron e ilustraron a la opinión pública sobre el fenómeno de compra de tierras para uso agrícola por parte de extranjeros, países y corporaciones.
Infortunadamente, ni el país, ni el Gobierno, ni el sector privado le dieron la importancia y la trascendencia que el tema demanda. Tampoco se reflexionó y se analizaron las consecuencias que para Colombia tiene el fenómeno de la compra de tierra por extranjeros.
Sólo ahora que algunos países latinoamericanos, como Brasil y Argentina, han debatido el tema y adoptado medidas de control a la compra de tierras por foráneos, es que nuestros dirigentes políticos se manifiestan. Pero, infortunadamente, no lo hacen desde una mirada y un análisis detallado y comprensivo del fenómeno y de sus muy diversas implicaciones, sino que su respuesta tiene un carácter político e ideológico.
Estas dos visiones, aunque necesarias, son de poca ayuda si las mismas no se complementan con análisis y estudios que pongan de presente las implicaciones que sobre el bienestar de la sociedad colombiana tiene el fenómeno de compra de tierras por parte de extranjeros en un país diverso y heterogéneo como el nuestro.
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