Hay que aplaudir a Brasil por lo que está haciendo para combatir la corrupción y aclarar el peor escándalo político de la historia reciente del país.
No hay nada de raro en que un gobierno latinoamericano investigue a políticos por prácticas corruptas: de hecho, casi todos los gobiernos entrantes persiguen a sus adversarios políticos del gobierno anterior.
Pero Brasil está haciendo algo mucho más notable: está enjuiciando a líderes prominentes del partido gobernante, y sus aliados en el Congreso y el mundo empresarial.
Treinta y ocho altos funcionarios del Partido de los Trabajadores de la presidenta Dilma Rousseff y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva -incluyendo al extodopoderoso jefe de gabinete de Lula, José Dirceu- están siendo procesados desde el 2 de agosto ante la Suprema Corte de Brasil por emplear fondos públicos para comprar votos en el Congreso entre 2002 y 2005.
Se espera que las audiencias, que han sido denominadas por la prensa brasilera “el juicio del siglo”, duren varias semanas. Se centran en lo que los brasileños llaman el “mensalao”, o las asignaciones mensuales que supuestamente el gobierno pagó a congresistas a través de una agencia de medios. Aunque ni Rousseff ni Lula figuran entre los acusados, la imagen de Lula podría resultar perjudicada si sus excolaboradores son hallados culpables.
Rousseff, en cambio, podrá salir fortalecida: aunque es una exjefa de gabinete y protegida de Lula, y permanece próxima al expresidente, la primera mandataria de Brasil tiene una popularidad récord del 70 por ciento, en gran parte por su combate a la corrupción.
“El hecho de que el país sea capaz de enfrentar este tema en un mundo donde cunde la corrupción es realmente una buena noticia”, dice Albert Fishlow, un profesor emérito de estudios brasileños de la Universidad de Columbia.
Paulo Sotero, un experto en Brasil del Wilson Center, de Washington D. C., está de acuerdo. El hecho de que este juicio se celebre pocos meses antes de las importantes elecciones municipales brasileñas de octubre, y en un momento en que la economía del país se desacelera, es prueba de que hay una saludable división de poderes en Brasil, me dijo.
Durante la presidencia de Rousseff, además del despido de varios ministros del gobierno, los brasileños han presenciado otras medidas cruciales contra la corrupción, incluyendo la implementación de una ley de “ficha limpia” que no permite a los políticos postularse para cargos oficiales si han sido hallados culpables de algún delito en primera instancia.
Mi opinión: No soy un gran admirador de la política exterior de Rousseff, que -aunque tal vez no tan lamentable como la de Lula- tiene un récord bastante dudoso en materia de la defensa colectiva de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. Pero en el plano nacional hay que reconocer que Rousseff está combatiendo la corrupción más que nadie a su alrededor.
En Argentina, la presidenta Cristina Fernández ha dejado en su cargo a su vicepresidente Amado Boudou a pesar de un escándalo de corrupción por sus presuntos vínculos con la empresa que imprime el dinero del país. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez no sólo no destituyó al general Henry Rangel Silva después de que Washington lo acusó oficialmente en 2008 de estar vinculado al narcotráfico, sino que además lo ascendió a Ministro de Defensa a principios de este año.
En Ecuador, jueces aliados de Correa tratan de archivar una investigación de contratos gubernamentales por $120 millones con el hermano del presidente, Fabricio Correan
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