Con más de cinco millones de personas afectadas, los desplazados representan el mayor número de víctimas del conflicto armado en Colombia. El problema humanitario no cede y las políticas del Estado para atender y prevenir el desplazamiento en la población son insuficientes.
Así lo alertó durante su visita al archipiélago de San Andrés el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, quien advirtió el aumento de este flagelo en la isla de San Andrés, donde tan solo el año pasado la Defensoría atendió a 80 familias equivalentes a 249 desplazados.
Según el Registro Nacional de Víctimas, de los 5.966.211 de ciudadanos incluidos como víctimas, un total de 5.185.406 ha sido desplazado entre 1985 y el primero de diciembre de 2013.
El defensor también recordó que, a pesar de que hace diez años la Corte Constitucional ordenó al Gobierno redoblar las políticas públicas de prevención, protección y atención a estas víctimas, las medidas resultan insuficientes.
"No se lograron los niveles de desarrollo administrativo y presupuestal que las hicieran eficaces, siendo un indicador de esto el que cada año, entre 1997 y 2003, fueran expulsadas de sus hogares en promedio 385.414 personas".
Otálora Gómez insistió en que se necesita armonizar armonizar "los desarrollos de la Ley 387 de 1997 (para la población desplazada) y la Sentencia T-025 de 2004 (y los autos de seguimiento) en materia de prevención, protección, retornos y estabilización socioeconómica y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras".
En los últimos meses se registraron desplazamientos masivos en los departamentos de Chocó, Antioquia, Cauca, Nariño y Valle por cuenta de los enfrentamientos entre bandas criminales y guerrilleros que se disputan el control territorial para sus actividades ilícitas.
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