Aunque hasta no hace mucho tiempo varios dirigentes gremiales y analistas apostaban a que lo acordado en el TLC con Estados Unidos podría sufrir algún cambio, o a que los hechos políticos harían que el gobierno tuviera que retrasar el cumplimiento de los requisitos previos para su implementación, la actual administración se mantuvo firme y cumplió con los cronogramas establecidos.
El gobierno Santos parece estar convencido de la necesidad que tiene el país de impulsar los tratados de libre comercio como mecanismo para abrir la economía y dinamizar su aparato productivo.
Igualmente, se reconoce que, en la medida en que Colombia se rezague en el desarrollo de este proceso, sus pares latinoamericanos y otros países en desarrollo le sacarán ventaja.
Estas ventajas significan mayor participación en los mercados mundiales, un aprovechamiento más amplio de las oportunidades comerciales, avances en materia tecnológica y de innovación y una mayor dinámica económica.
Al cambiar el foco de los intereses económicos de las empresas y los productores, el marco de las políticas y las instituciones se debe ajustar y, por necesidad, el objetivo y el accionar de los gremios de la producción también se deben ajustar.
En otras palabras, la apertura, ya no unilateral (como ocurrió a principios de la década de los noventa del siglo pasado), sino a través de los compromisos mutuos con otros países y grupo de países, implica que las decisiones no tienen marcha atrás y que, por ende, existe la necesidad de que los diferentes actores deban acomodarse a la nueva realidad.
Esto conlleva un cambio de mentalidad en todos los actores. Para los productores, la eficiencia en los procesos, las mayores productividades, la obsesión por ser cada vez más competitivos, la incorporación creciente de nuevo conocimiento y el desarrollo innovador e integral de las empresas, se convierten en exigencias permanentes en un entorno de mercado que no da espera ni perdona.
Paralelamente a ello, tanto el Estado como los gremios tienen que ajustarse para que, antes que convertirse en frenos y talanqueras al desarrollo empresarial, se transformen en medios a través de los cuales se facilite, se impulse y se dinamice la actividad productiva en las condiciones que les permitan a las empresas y a los productores responder a las demandas y a las exigencias de los mercados globalizados.
Frente a las nuevas realidades, los diferentes agentes demandan del Estado las reformas necesarias para ser exitosos en el nuevo escenario.
No obstante, muchas veces los gremios son lentos en el cambio de sus funciones objetivo y mantienen el mismo libreto del pasado. Esto, en el caso de los gremios agropecuarios, funcionó durante las dos últimas décadas, pues lograron echar para atrás buena parte de las medidas de la apertura económica de los noventa.
Sin embargo hoy, frente a los TLC, los gremios y su dirigencia están en la necesidad de ajustarse a las nuevas realidades, o serán sus propios afiliados quienes corran con el costo de su miopía. Hoy, más que apoyos y subsidios, es necesario generar bienes públicos que consoliden el sector.
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