Tras varios casos de polémicas detenciones que generaron oposición hasta en el seno del régimen, el Partido Comunista de China anunció para este año el fin de los controvertidos campos de reeducación, algo que ha sido recibido con moderado optimismo por organizaciones de derechos humanos.
El nuevo máximo responsable de seguridad del Partido Comunista de China (PCCh), Meng Jianzhu, uno de los ascendidos en el reciente relevo de la cúpula, anunció que el régimen dejará de usar estos centros, cuyo número asciende actualmente a 350 y en los que han permanecido detenidos unas 160.000 personas desde su creación en 1955, según cifras oficiales.
Meng hizo este anuncio en una reunión con responsables judiciales de todo el país celebrada ayer, según señaló al diario South China Morning Post uno de los asistentes a la misma.
"Los comentarios del secretario Meng están impregnados de un nuevo espíritu, muestran el progreso que nuestra sociedad ha hecho", aseguró la misma fuente, sin identificar por el diario.
La agencia oficial Xinhua, señaló por su parte que China "reformará este año el sistema", aunque no dio detalles de una estrategia para tal fin.
Nicholas Bequelin, investigador de Human Rights Watch, señaló a Efe que la noticia, de confirmarse, "sería una mejora en derechos humanos sin discusión", aunque se mostró prudente y dijo que está por verse si estos campos serán abolidos o simplemente cambiados por una fórmula más "suave" y aceptable por la opinión pública.
No obstante, de confirmarse el final de estos espacios, conocidos como "laogai" en China, podría ser votado y aprobado en el plenario anual de la Asamblea Nacional Popular de marzo, el mismo en el que se relevará a los actuales jefes de Estado y Gobierno del régimen.
Indignación
En los campos de reeducación se cumplen condenas sin juicio previo por períodos inferiores a cuatro años, en las que los detenidos, generalmente disidentes, son "reeducados" a través de trabajos forzados.
En los últimos años, y tras varios casos de "reeducados" que conmovieron a la sociedad china, las llamadas de la ciudadanía y hasta en el seno del Partido Comunista a que terminara este sistema se han multiplicado.
Los "laogai" se usan como centros de detención de individuos "molestos" pero a los que las autoridades no pueden endosar un delito.
En la última década, se usaron para encerrar a blogueros, padres que quebrantaron la política de "un sólo hijo" o miembros del movimiento espiritual Falun Gong, prohibido por Pekín en 1999.
Las organizaciones de derechos humanos aseguran que el número real de personas que han cumplido penas de cárcel en los campos de reeducación es de 300.000, y señalan que muchos de estos sitios se encuentran en emplazamientos secretos.
China firmó en 1998 la Convención Internacional de Derechos Políticos y Civiles, que prohibe los trabajos forzados.
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