El Consejo de Estado le ordenó anoche a Comcel devolver 134.000 millones de pesos a la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) y dejó sin efecto un laudo arbitral por el cual la empresa capitalina tuvo que pagarle a la multinacional mejicana 137.000 millones de pesos en 2006.
“Básicamente los laudos arbitrales se introdujeron sin que hubiese una consulta previa de normas de carácter comunitario que estaban establecidas en el pacto de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)”, explicó el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, a los medios en Bogotá.
Sin embargo, el magistrado no especificó en su anuncio si la decisión judicial contempla que el pago de Comcel tendrá intereses o debe ser traído a valores actuales.
De ser el caso, el pago superaría los 200.000 millones de pesos y se haría efectivo, una vez sean notificadas oficialmente las partes de la decisión tomada por el más alto tribunal de lo contencioso administrativo.
Así se pone fin a un viejo pleito y el Consejo de Estado obra en consonancia con la decisión del Tribunal Andino de Justicia que sentenció desde Quito, en agosto de 2011, la nulidad de tres laudos arbitrales, que obligaron a ETB pagarle al operador de telefonía móvil por el uso de sus redes de telecomunicaciones para realizar llamadas internacionales.
El tribunal de la CAN dio al Consejo de Estado un plazo de tres meses para notificar su decisión a Comcel, tiempo que venció el 23 de diciembre pasado sin pronunciamiento alguno por parte del alto tribunal colombiano.
Frente a la falta de decisión se pronunció el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a finales de mayo pasado pidiendo celeridad a la justicia colombiana y advirtiendo que “podrían llegar drásticas sanciones al Estado” por la demora injustificada y reiterada.
De hecho, el 26 de julio pasado, el Tribunal Andino de Justicia decidió abrir pliego de cargos contra Colombia por el incumplimiento de su fallo. Dio 40 días a la justicia colombiana para presentar explicaciones acerca de la dilación del proceso sobre el que falló hace casi un año. Con la decisión del Consejo de Estado se pondría fin a este proceso.
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