El Consejo de Estado consideró que la entrega del parque Tayrona, en Santa Marta, a un operador privado quebrantó el derecho fundamental de las comunidades indígenas a la consulta previa.
La Sección Segunda, con ponencia de la magistrada Bertha Lucía Ramírez, indicó que a las comunidades les fueron impuestas barreras y ordenó hacer una consulta a cuatro tribus que habitan en la Sierra Nevada, que podría establecer nuevos límites al parque.
Esto ya que en 5 de las 15 mil hectáreas se construyó un proyecto ecoturístico en 2005 que no fue consultado previamente, según el fallo del Consejo de Estado.
En ese sentido, la Dirección de Parques Nacionales tiene 30 días para que se realice la consulta, la cual tendrá como objetivo que las comunidades indígenas expresen cómo los ha afectado el proyecto y cómo se podría compensar el eventual daño.
Igualmente, se ordenó hacer una delimitación, un mapa, de las cuatro zonas consideradas ancestrales, para evitar allí la explotación, así como su uso turístico hasta que se haga la consulta ordenada.
