Lo primero es reconfirmar lo que en muchas personas todavía hoy es un interrogante: las Zonas de Reservas Campesinas, ZRC, son obra del Congreso y de la ley (la 160, de 1994). No son una creación de las Farc. Eso significa que existían antes de iniciar los actuales diálogos de La Habana y que tienen normas claras: no son autónomas ni política ni administrativamente frente al resto del Estado colombiano y sus tres ramas del poder.
Entonces, si el gobierno de Juan Manuel Santos no hace concesiones o reformas extraordinarias, amarradas a algún pacto o condición en el tema de tierras en la mesa de diálogos con las Farc, en Cuba, las ZRC seguirán -como debe ser- bajo pleno control de la institucionalidad y dentro del modelo político y de gobierno de la República de Colombia. Así como suena, sin titubeos.
Eso también implica, sin dudas, que no habrá cabida a "republiquetas independientes". Está claro: es inadmisible.
Otro nudo gordiano del debate se advierte en las tensiones que genera entre campesinado y agroempresariado, entre minifundio y latifundio y entre parceleros y terratenientes, el hecho de que las ZRC se puedan ampliar y pasar de 831 mil hectáreas, de hoy, a ser 9,5 millones de hectáreas, tal y como es iniciativa y propuesta del campesinado, lo cual la guerrilla, por su cuenta, se apropió en la mesa de Cuba.
Algunas fuentes militares señalan que si se mapean las nuevas y potenciales reservas se encuentra que limitan o casan con áreas de cultivos ilícitos, y en consecuencia con territorios de presencia de grupos armados ilegales, especialmente de las Farc.
Los campesinos lo aceptan, pero sostienen que es precisamente la idea de garantizar el acceso a la tierra y la autosostenibilidad de sus comunidades, con apoyo, créditos e incluso subsidios estatales, mediante modelos agrícolas no extensivos -no latifundistas-, lo que desestimularía la siembra de marihuana, coca y amapola, y lo que alentaría la incorporación creciente y firme de esas comunidades y zonas a la cultura legal e institucional. Esto, sumado a una presencia vigorosa y disuasiva de las Fuerzas Armadas oficiales, traería la paulatina e irreversible desaparición de esos ejércitos ilegales que tienen su gran motor y combustible en el narcotráfico.
Pero, desde la otra orilla, la de algunos agroempresarios, hay voces que señalan que ampliar a 59 las ZRC en el país traería efectos negativos para el campo y la economía colombianos. Sobre todo si esos territorios, como quieren las Farc, se llegan a declarar "inembargables" e "imprescriptibles", y además con la peligrosa autonomía política y de justicia que les quiere anexar la guerrilla. Esa figura no permitiría que los proyectos agrícolas asentados allí sean "sujetos de crédito", lo que reduciría al mínimo su viabilidad y competitividad.
El Gobierno sabe que no puede negociar la Soberanía Nacional. Las Farc tienen calculado el valor que esos territorios y bases sociales tendrían para su plan político -¿armado o desarmado?-. Y los empresarios del campo están inquietos por las limitaciones que las ZRC impondrían a sus inversiones y proyectos, y a la competitividad misma del sector.
Alcanzar la paz tiene costos. A nuestro juicio, a la mesa de La Habana se le plantea el reto de encontrar fórmulas intermedias que no desdibujen la unidad nacional ni el modelo político, pero que sí estimulen el desarrollo de las capas campesinas. Ello, sin cerrar las puertas a la inversión privada y a la explotación agroindustrial, cuando sea necesario y conveniente.
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