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Al considerar que no era el momento oportuno, el Consejo de Estado no acogió la petición de la defensa de la excongresista Piedad Córdoba, para anular provisionalmente la decisión de destitución proferida por la Procuraduría por un plazo de 18 años.
El pasado 20 de mayo la defensa de la exsenadora liberal interpuso ante el Tribunal un recurso para que se suspendiera de manera provisional la sanción disciplinaria proferida por el Ministerio Público.
Córdoba buscaba que durante el tiempo en que el Consejo de Estado se tomara para revisar el fallo de la Procuraduría, se le devolviera la curul en el Congreso.
Anteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, a través de sus salas Penal y Laboral, negaron las acciones de tutela que interpusieron sus electores y ella misma, buscando revertir la sanción disciplinaria en su contra.
La exdirigente busca ser restablecida en su cargo y ser reparada por perjuicios morales que incluirían el pago de salarios que ha dejado de percibir desde que fue apartada de la curul que ocupaba en nombre del Partido Liberal.
A Córdoba se le impuso una sanción disciplinaria de 18 años de inhabilidad porque, según el procurador general Alejandro Ordóñez, se extralimitó en sus funciones cuando fue autorizada para tener contactos con las Farc en el proceso de liberación de los secuestrados.