La Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1288, con la cual se buscaba fortalecer el marco legal que permitía a los organismos de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su misión constitucional y legal.
La ley fue demandada por la Comisión Colombiana de Juristas, al considerar que permitía el uso desmedido de interceptaciones telefónicas y violaba el derecho a la intimidad.
La Corte halló vicios de forma, ya que dicha ley fue tramitada como reglamentaria y no como ley estatutaria, tal como lo ordena la Constitución colombiana.
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