Las demandas que tiene en contra el Municipio de Medellín le podrían costar más de lo que se tiene presupuestado para la educación en 2012. Los procesos que se gestionan son 4.952 y algunos vienen, incluso, de la década de los 80.
Los litigios están tasados en 825 mil millones de pesos mientras que el presupuesto para la educación, programa bandera del Plan de Desarrollo 2012-2016, es de 761 mil millones de pesos.
Aunque el número de demandas es alto, ha disminuido desde que el presidente Juan Santos acabó con los estímulos económicos para quienes interpusieran acciones populares.
Carlos Mario Gómez Correa , secretario General de Medellín, indica que muchas personas se especializaron en demandar al Municipio y se escoltaron en supuestas vulneraciones de derechos colectivos para cobrar.
Este no fue el caso de Francisco Javier Galvis , que nunca buscó una remuneración, sino solucionar un problema de accidentalidad con una acción popular.
La calle que comunica a la clínica Las Vegas con la carrera 43C carecía de una acera y el espacio para el tránsito vehicular era tan pequeño que aumentaba los riesgos de accidente. "Con una acción popular se logró que hicieran un andén", dice Galvis.
Se ahorró en 2011
Las cerca de cinco mil demandas no preocupan a Gómez Correa, quien indica que el Municipio gana el 83 por ciento de los litigios que recibe. En 2011 el ahorro en las mismas fue de ocho mil 355 millones de pesos.
Según el secretario General, aunque el Municipio siempre será blanco de demandas por los recursos que tiene, el comportamiento juicioso y la calificación de los 45 abogados con que cuenta la Secretaría Jurídica, permiten aumentar la favorabilidad en las demandas.
"Medellín puede estar tranquila. Hay un Equipo competente, incluso, de aquí han salido magistrados. Los abogados son apetecidos de otras partes y así lo reflejan los resultados", dice.
Los más demandados
La inconformidad ciudadana con algunos actos administrativos, como resoluciones y decretos, se refleja en los 1.764 litigios que se gestionan por Nulidad y Restablecimiento del Derecho.
Juan Manuel Ruiz Herrera , coordinador del Movimiento Cívico Habitantes del Poblado, es uno de los demandantes, quien se opone a la valorización. Argumenta que es responsabilidad del Municipio pagar las obras, no de los habitantes.
Ruiz resalta que para que las obras por valorización tengan validez se debe realizar una consulta popular donde la comunidad apruebe la decisión. El proceso está pendiente y fue presentado ante la Procuraduría en 2011.
Las tutelas, por su parte, representan 908 procesos y son las de más ágil resolución.
La Secretaría General indica que gracias a nuevos mecanismos judiciales se ha logrado facilitar la resolución de los conflictos sin la necesidad de ir ante un juez. "Es decir, que para demandar se debe ir a la Procuraduría".
Según Gómez Correa, "esta es una forma de descongestionar la justicia y solucionar los conflictos.".
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