La ministra de Justicia, Ruth Estella Correa, hizo dos anuncios importantes en materia carcelaria: el inicio de los bloqueos a las señales de celular en las 10 cárceles más peligrosas del país y la firma del decreto que permite a las EPS prestar los servicios de salud a los internos.
Según Correa, ya está todo listo para que en enero comiencen a funcionar los planes Cerrojo, Orión e Institucional (que contempla convenios) mediante los cuales se busca atender las denuncias de las directivas que habían señalado que algunos de los internos continuaban delinquiendo.
La medida había sido anunciada en junio por el director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte, quien señaló que se instalarían antenas para bloquear la señal y que la medida se extendería a 30 de los 142 centros penitenciarios y carcelarios. La demora en su implementación, indicó Correa, se debió a la necesidad de un decreto de comunicaciones.
En Antioquia el Inpec y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios se encargarán del bloqueo de la señal de celular en las cárceles de Pedregal (San Cristóbal) y Puerto Triunfo. En el caso de las cárceles de Bellavista y de Itagüí, este se hará mediante convenios con las alcaldías de Medellín y de Itagüí.
Frente al tema de la atención en salud para los reclusos, la ministra Correa señaló que en cuatro meses se sacará la licitación con las EPS luego de que el Ministerio de Salud, con base a la información suministrada por Caprecom (la antigua prestadora del servicio), y el Inpec fijen el nuevo valor de la Unidad por Captación (UPC) que sirve como base del pago del servicio.
Destacó que el pago que se hacía era insuficiente dado que la población reclusa requiere atención cuatro veces más frecuente.
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