El fiscal general de la Nación (e), Guillermo Mendoza Diago, reveló que desde el ente investigador se estaban realizando interceptaciones teléfonicas ilegales contra el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez.
El fiscal (e) dijo que estos hechos se habrían presentado en agosto. Como consecuencia de esta situación se ordenó investigar a dos fiscales que podrían estar comprometidos en los seguimientos ilegales contra el magistrado Velásquez, uno de los responsables del proceso de la parapolítica.
“Eso tiene toda la gravedad. La unidad investigativa (Fiscalía) puede perder la credibilidad y lo que es más grave puede poner a que se desconfíe del tema a nivel internacional”, sostuvo Mendoza Diago.
Al mismo tiempo Mendoza habló de la llamada plataforma esperanza, desde donde se habrían hecho los seguimientos: “es un procedimiento que se muestra inicialmente correcto, pero en el fondo esta viciado con actitud dolosa. Tenemos claro que el teléfono de un alto funcionario aparece interceptado como interesado para unas investigaciones extorsión y secuestro”.
De acuerdo con la investigación desde el mes de agosto pasado se presentó la irregularidad por medio de dos fiscales. De acuerdo con Mendoza Diago, se trata de investigadores que “en ejercicio de su competencia solicitaron números importantes a la Policía Judicial a quienes les llevaron la información”.
El ente investigador se enteró de los seguimientos este viernes y desde ese momento, por tratarse de un procedimiento irregular, se ha ordenado una investigación detallada y exhaustiva al interior de la entidad.
De acuerdo con la Fiscalía, el modus operandi es presentar al fiscal de conocimiento un determinado número de teléfono, como importante, para ser interceptado por investigaciones aparentemente delicadas; posteriormente, se hace el seguimiento.
“Se está investigando si algunos funcionarios al interior del organismo hacen parte de esa componenda criminal”, dijo el máximo jefe del ente investigador.
Este caso se asemeja a lo ocurrido en el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, desde donde se hizo seguimiento ilegal a varias personalidades de la vida pública, entre ellos, algunos magistrados de las altas cortes, periodistas, miembros de la oposición y hasta funcionarios del Gobierno.
Tan delicado es el tema, que el presidente Álvaro Uribe ya dio instrucciones para que se presente un proyecto de ley que permita el cierre definitivo del DAS y que las tareas de inteligencia pasen a manos de la Policía.
