La plenaria de la Cámara de Representantes hundió, en segundo debate, el proyecto de ley por medio del cual se despenalizaban los cultivos ilícitos en el país.
El autor de la iniciativa, Hugo Velásquez, del Partido Liberal, aseguró que el Gobierno Nacional y las autoridades podrán continuar con sus políticas de erradicación y sustitución de cultivos, "y a la vez, presentar propuestas alternativas que es lo que estamos reclamando que debe hacer el Estado".
Y añadió: "En las cárceles del oriente del país (Vichada, Guaviare y Meta) hay más de 22 mil personas detenidas por cultivos ilícitos y figuran globalmente como narcotraficantes y no lo son. Ellos son pequeños cultivadores que no exceden las tres hectáreas. El Estado colombiano a través de la policía y la justicia se acostumbró a llenar estadísticas con los pequeños cultivadores, con los raspachines, con el núcleo familiar porque estos agricultores que se dedican a estas actividades siempre están con el núcleo familiar, la esposa y los hijos y ellos son los que terminan apresados", agregó el parlamentario.
Entre tanto, el viceministro de Justicia, Farid Benavides, arremetió contra el proyecto porque consideró que no todos los tratados internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad del país. "El Estado adquirió una clase de responsabilidades como en la convención de estupefacientes… la obligación de penalizar es una responsabilidad irrenunciable del Estado colombiano".
A su turno, el representante Guillermo Rivera, del Partido Liberal, señaló que el proyecto ayuda, "a que no haya tanto hacinamiento en las cárceles" e hizo un llamado para que no se siga perdiendo el tiempo penalizando los cultivos de hoja de coca.
En ese sentido, Germán Navas Talero, del Polo Democrático, aseguró que "el que paga el pato es el pobre campesino que no tiene cómo sembrar plátano y que tiene luego que sacar coca, y el Estado no hace nada por él. La única respuesta del Estado es meterlos a la cárcel, meten a estos señores a la cárcel y su mujer e hijos quedan".
Contrario a esa opinión fue el representante, del Partido Verde, Alfonso Prada quién presentó ponencia negativa al proyecto.
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