La justicia española dio este lunes a Colombia un plazo de tres meses para que presente los documentos que justifiquen la extradición del director de cine español Pablo Lapiedra, reclamado por el país por filmar presuntamente películas pornográficas con menores de edad y luego publicarlas en internet.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz también acordó mantener en prisión a Lapiedra mientras se resuelve el proceso de extradición a Colombia.
En un auto de tres páginas, el magistrado destaca la "gravedad" del delito imputado a Lapiedra, ya que la pornografía con menores está sancionada en el código penal colombiano con penas de entre ocho y 12 años de cárcel.
En su comparecencia ante Ruz, Lapiedra negó su participación en los delitos que se le imputan, pero el juez considera que estas alegaciones "deberán ser objeto de oportuno debate y deliberación" cuando comience a tramitarse el procedimiento de extradición, momento en el que el acusado será conducido de nuevo ante él para preguntarle si desea o no ser entregado a Colombia.
De negarse a la entrega, el juez dará traslado de la causa a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que en una vista examine si debe ser o no extraditado.
No obstante, la última palabra, independientemente de lo que la Audiencia Nacional decida, corresponde siempre al Consejo de Ministros, la reunión que cada viernes preside el jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Por el momento, Ruz entiende que concurren los requisitos para tramitar la extradición, fundamentalmente, porque los delitos que le imputan en Colombia tienen su equivalente en la legislación española, ya que "la sanción con pena grave de los hechos por los que se reclama la extradición" está contemplada "tanto en el país reclamante como en España".
Detenido el 17 de marzo en Barcelona
Lapiedra se encuentra en prisión desde el pasado 17 de marzo, cuando fue detenido en Barcelona en virtud de una orden librada por Interpol. El arrestado es sospechoso de haber grabado videos en los que se filmaron a menores de edad, informó la Policía española.
Las autoridades colombianas investigaban al director desde 2008, después de que el rector de un instituto de Medellín interpusiera una denuncia porque una alumna aparecía en un video pornográfico.
La Brigada de Investigación Tecnológica (BIT), en colaboración con la Policía Nacional de Colombia e Interpol, detectó una red que se dedicaba a prostituir a adolescentes en el país.
Las jóvenes, de origen humilde, eran engañadas, ya que Lapiedra les decía que se trataba de un "casting" y les daba documentación falsa para que pudieran pasar por mayores de edad.
Los expertos de la BIT analizaron las imágenes de las menores y observaron que, si bien los varones que mantienen relaciones sexuales con las chicas hablan con acento colombiano, el que hacía la cámara era un nativo de España.
Tras seguir la pista de esta grabación llegaron hasta Lapiedra y su mujer, que trabaja como actriz pornográfica. Después constataron que ambos residen en Madrid y que ella aparecía en algunas de las filmaciones.
Una de las supuestas víctimas explicó en su declaración que grababan películas durante horas. También dijo que Lapiedra le pagó 700 euros (más de un millón 800 mil pesos ) y le aseguró que los videos no se distribuirían en Colombia.
