Trato de no inmiscuirme en los asuntos de alto gobierno, pero hoy debo hacerlo para llamar la atención sobre un proyecto de ley en curso, que ya pasó su primer debate en el Congreso y que busca, como muchos otros, la reducción gradual de beneficios sociales, so pretexto del bienestar colectivo. “Cambiar todo para que nada cambie”.
El pasado primero de junio, el Ministerio del Trabajo, en cabeza del Dr. Rafael Pardo Rueda, presentó el proyecto de Ley 241 al Senado, por medio del cual se dispone una nueva regulación del derecho a las cesantías, orientado a crear un mecanismo de protección al desempleado. Se trata de un instrumento compuesto, entre otros, por un seguro de desempleo.
Leído el documento, no evidencio esfuerzo alguno por parte del Gobierno Nacional para aportar recursos que permitan solucionar la situación de quienes quedan desempleados. Nos dejan a los trabajadores la responsabilidad de financiar el desempleo. Si a mí como trabajador me preguntaran, lo pensaría, pero pretenden disponer de mi dinero sin consultármelo siquiera.
Las cesantías son un ahorro que es propiedad y conquista absoluta de los trabajadores, por lo que cualquier decisión en materia de su destinación, debería contar con el visto bueno de sus legítimos dueños, o mínimamente ser discutido con las centrales obreras y con los movimientos sindicales, pero tampoco se han molestado en hacerlo. Si se tratara de dineros de los empresarios, no se atreverían a tocarlos.
De ser aprobada la reforma, el 50% de las cesantías se consignarán en la cuenta que cada trabajador tiene en los Fondos de Cesantías. El 50% restante se depositará en una nueva cuenta, la de protección al cesante.
Esta última suma no será de libre disposición del empleado, sino que se devolverá en seis cuotas cuando el empleado quede sin trabajo, pero si en ese tiempo el cesante encuentra empleo se suspenden los pagos.
Ahora, los intereses a las cesantías, del 12% anual, se pagarán sobre el 50% que reposa en la cuenta tradicional. En realidad se reducirán los intereses a las cesantías al 6% anual. En consecuencia, se reducirán en un 50% las posibilidades de conseguir vivienda, reformarla, o pagar estudios. ¡Tremendo despropósito!
Esta reforma de ley es un proyecto demagógico, disfrazado de gestión social. Como afirmó la senadora Gloria Inés Ramírez, quien votó en contra de la reforma en el primer debate, “lo que ha sido fruto de largas y sacrificadas luchas de los trabajadores”, no puede someterse a la irresponsabilidad del Gobierno en su política de empleo.
En la otra cara de la moneda veríamos victoriosos a la ANDI, Asofondos y demás gremios del sector privado, que además de “lavarse las manos”, nos dan a los trabajadores un ejemplo de cómo el poder les permite defender sus intereses.
Acá se puede constatar una vez más que el Estado es un instrumento instituido para defender la voracidad de los intereses de capital, y que no importando lo que pase, siempre es el Pueblo quien paga los platos rotos.
Todavía hay tiempo de actuar, faltan siete debates para decidir la reforma. Si los trabajadores no nos movilizamos para defender nuestros intereses, el Estado no lo hará.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
