Otro funcionario que se estrena anunciando su lucha frontal contra la corrupción. La nueva fiscal, Viviane Morales, dice que estará entre sus prioridades combatirla sin descanso. Habrá que confiar en su tenacidad y probidad para enfrentarla, máxime cuando las mujeres han probado en los distintos cargos que ejercen en la administración pública, ser menos proclives a la contaminación del soborno y más resistentes a los halagos de las venalidades.
Entre las gentes de bien, la corrupción se ha ido convirtiendo en una obsesión para encararla. El mismo presidente Santos decía ayer que uno de los propósitos irrevocables e irrenunciables de su mandato, será el de retarla, sin ningún tipo de vacilaciones y contemplaciones. En una urna de cristal piensa meter todos los actos de su gobierno. Ojalá nunca se empañe.
Reconoce Santos Calderón que la ineficiencia del Estado contribuye a agudizar el fenómeno de la corrupción. Sobre todo un Estado como el colombiano, paquidérmico, asediado y forrado en tramitología, lleno de marañas legales que despiertan toda clase de artimañas violadoras de los más vivos que rodean la administración pública. A medida que brotan leyes y más leyes -en una carrera maratónica de incisos y de parágrafos- expedidas para abortar la corrupción, se produce el efecto contrario. Se excitan los tramitadores de todos los pelambres que se saltan fácilmente las disposiciones como en cualquier competencia de obstáculos. En esa abundancia de reformas y contrarreformas para combatir la corrupción, sí que se evalúa la inoperancia del Estado. Con razón se ha sostenido que la ineficacia de los regímenes, se mide por la abundancia de leyes.
La corrupción en Colombia es inocultable. El Panel de Opinión -compuesto por cerca de 2.000 dirigentes del empresariado, del sindicalismo, de la academia y universidades, de los medios de comunicación- la señala como el desafío político más dramático que hoy tiene el país. El mismo jefe de Estado reconoce que este mal se estimula "con los excesivos controles que se vuelven trabas insuperables". Así se despierta, repetimos, la avidez del ciudadano por violarlos para ganar tiempo y espacio, recortando, por su cuenta y riesgo, los engorrosos pasos administrativos que crean el cúmulo de disposiciones. Con el agravante de que paralelamente juega la impunidad que de Colombia ha hecho su propio coto de caza.
Hay organismos estatales en donde la corrupción ha echado raíces profundas. Ya la nueva Fiscal, en recientes palabras, la detecta en el organismo que entró a presidir, luego de que la Corte al escogerla, le pasara con su nombre la cuenta de cobro al expresidente Uribe Vélez. Anuncia la señora Morales que no tendrá contemplaciones en el caso de comprobarse hechos de corrupción en su entidad. Confiamos en que su palabra será moneda de buena ley. Es decir, de estricto cumplimiento.
El país confía que después de tantos pronunciamientos oficiales, sin más dilaciones, comience a enfrentarse la epidemia de la corrupción. Así lo ha anunciado el presidente Santos, a quien ahora le haría dueto la Fiscal Viviane Morales. No es una lucha fácil, cuando la cultura mafiosa parece haberse enquistado en buena parte del alma nacional. Pero la intención de combatirla hace parte del proyecto de Buen Gobierno. Porque ¿Qué buen gobierno se podría dar al final del cuatrienio si permanecieran los actuales índices de corrupción? ¿Cuál Buen Gobierno podría formarse dentro del marco de denuncias tan concretas como la existencia de cuentas secretas de algunos contratistas del Estado para comprar conciencias y con el festín de algunos "padres de la patria" con bienes incautados al narcotráfico? El país espera resultados concretos porque no quiere someterse más al imperio de las paciencias prolongadas?
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