Entre el martes 23 de junio y el viernes pasado -once días- hubo prohibición para portar armas de fuego en Bogotá D. C., incluidas aquellas que tienen salvoconducto. Consecuencia directa: los homicidios bajaron en un 37%.
Es decir, de tres ciudadanos condenados a morir por los índices de esa violencia que nos somete en las calles y en las casas, uno de ellos, sin siquiera saberlo, anda hoy vivo.
No faltarán los reparos. Los más críticos dirán que esas medidas transitorias de los gobernantes suelen dejar dividendos políticos y titulares de prensa, pero pocos o nulos resultados a mediano y largo plazo. Quien, por ejemplo, se tome el trabajo de medir los efectos de las riñas de las 72 horas sucesivas, contando las del fin de semana, podría demostrar que en cuestión de horas el mundo volvió a girar en el mismo sentido de siempre. Como razón tienen, en parte, aquellos que aseguran que el problema no son las armas con permiso, sino las otras: millares que van y vienen en el mercado negro para matar, ya sea en ataque o a la defensiva.
El problema es como el perro que se muerde la cola. No sólo en los dolorosos casos de sangre en que los delincuentes matan a sus víctimas por quitarles algo, o por no tener nada, sino en esos hechos siempre calificados como 'absurdos', tales como balas perdidas que matan a un transeúnte, juegos de niños con pistolas de verdad que terminan en tragedia, o discusiones zanjadas a balazos (ahí está el caso del jugador Javier Flórez), todos condenamos el empleo de las armas de fuego. Pero al mismo tiempo, quienes las portan para evitar ser presa de la delincuencia, o sus allegados, argumentan que no tienen otro camino frente a los riesgos que corren y a la, consideran, muy escasa efectividad de las autoridades ante el hampa.
Al final, todos los caminos conducen al mismo punto: mientras el monopolio de las armas no corresponda en su totalidad al Estado, viviremos entre riesgos y lamentos.
Por eso, lo que resulta increíble es que un tema de semejante trascendencia no haya logrado espacio en la agenda del Congreso, ocupado en temas que por más importantes que parecen ser, no tienen el alcance del más preciado de los bienes: la vida. Si así lo llega a hacer algún día, contribuirá al desarme si acuerda una legislación proporcional a las dimensiones del fenómeno, ojalá incluyendo la prohibición de porte de armas blancas que hacen tanto daño como las otras.
Igual, eso sólo será parte de la solución. No podemos olvidar que ese mercado fatal nace en las grandes fábricas que producen armamento, esas mismas que ni siquiera se toman el trabajo de numerar los instrumentos de muerte, por cuenta de los que caen para siempre cerca de 900 mil personas al año.
Por eso, y aunque parezca poco, que ese colombiano esté con vida, que 360 personas hayan aceptado dejar en una sacristía el arma con la que alguien podía haber muerto, que veinte granadas no estén en un armario o en un escritorio a merced de una locura, y que 7.665 cartuchos se hayan quedado sin dónde encajar, es una buena noticia. Más allá de todas las malas que siempre están por suceder.
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