“Al ponerle 4,5 billones de pesos a Isagén como precio base para la subasta de la empresa, el Gobierno Nacional está regalando a la generadora de energía”. Así lo plantea el senador antioqueño Mauricio Lizcano Arango, quien afirma que en esa valoración hay varios errores, pues la empresa debería valer del orden de 8 billones de pesos.
Uno de sus argumentos es que en solo Hidrosogamoso, Isagén ha invertido del orden de 4,5 billones de pesos, lo cual implicaría que el resto de activos de la organización no cuentan para nada. En concepto del legislador, tampoco se habría contemplado adecuadamente el contrato que hasta el 2017 tiene firmado Isagén, y que le permite venderle energía a Venezuela, un aspecto que, agrega, tiene también una importancia geopolítica dentro de las inestables relaciones con el país vecino.
Por lo menos diez razones tiene Lizcano Arango para rechazar la venta del 57,66 por ciento de las acciones que el Gobierno Nacional posee en Isagén. Una de ellas, es que si se vende esta firma de capital mixto, se haría exigible -según sus palabras- el crédito de 250 millones de dólares que la Overseas Private Investmen Corporation (una agencia del gobierno de Estados Unidos, llamada Opic por sus siglas en inglés) le hizo a la generadora, amén de una millonaria multa.
Datos oficiales de Isagen indican que el 28 de diciembre de 2005 la empresa cerró una operación con la Opic, agencia que le concedió un seguro parcial para obtener esos 250 millones de dólares de financiación, repartidos en dos tramos: “el primero, 212 millones de dólares, asegurados por Opic y fondeados en el mercado mostrador de los Estados Unidos y un segundo tramo, de 38 millones de dólares, entregados por el Citibank, entidad financiera encargada de estructurar la operación, a través de un trust”.
Según lo expresado por el senador a este diario, esa deuda está hoy en unos 430.000 millones de pesos y lo grave, en su sentir, es que en virtud de las condiciones de esa operación con la Opic, si Isagén llegare a ser vendida a un privado, se tendría que salir a cancelar ese crédito y también se tendría que pagar una multa de 80 millones de dólares, que afectaría los intereses de sus socios minoritarios y también de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que es dueña del 12,9476 por ciento de las acciones.
Durante el debate, Lizcano Arango sostendrá que cómo puede venderse un activo estratégico para la expansión del sector eléctrico nacional sabiendo que no existe consenso nacional sobre dicha operación; preguntará, en voz alta, por qué una sola banca de inversión es la misma que “se gana” las valoraciones de Isagén y esta vez no cobrará nada por su trabajo, pero sí recibiría una comisión de éxito en caso de que se venda la empresa; y, entre otras cosas, dirá que dentro de la valoración no se tuvo en cuenta que Isagén, para poder mantener su calificación crediticia AAA, ha tenido que mantener en reservas 900.000 millones de pesos. “Que se descongele ese dinero y se entreguen dividendos”, advirtió el senador.
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