La conexión entre el cartel de Pablo Escobar y el M-19 fue ratificada en el informe final de la Comisión de la Verdad sobre la toma del Palacio de Justicia, entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.
La investigación fue realizada durante cuatro años por Jorge Aníbal Gómez (ex presidente de la Corte Suprema de Justicia), José Roberto Herrera (ex magistrado de la CSJ) y el presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla.
El documento reitera que Iván Marino Ospina, uno de los jefes del M-19, habría recibido US$2 millones de Pablo Escobar para financiar la toma. El dinero se "perdió" porque Ospina murió en 1985 antes de la toma.
Eso sí, advierte que es probable que no todos los integrantes del grupo sabían de los nexos con Escobar.
La relación "de conveniencia" fue confirmada por Rosemberg Pabón y Otty Patiño, ex combatientes del M-19. Ambos señalaron que aunque se facilitaban el transporte de "cosas" y "personas", nunca hubo un sostenimiento del M-19 por parte de los narcotraficantes y menos un interés del grupo de hacerle un favor al cartel de Escobar.
Para ellos, lo que sucedió en el Palacio de Justicia fue una coincidencia y no un acto terrorista planeado para frenar la extradición.
La Comisión también señala que el M-19 violó el Principio de Distinción, consagrado en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), porque los guerrilleros ingresaron a una edificación de carácter civil que "albergaba las más altas autoridades de una de las ramas del poder público".
Pero el informe también se plantea otros interrogantes. Entre ellos está el vacío de poder que se creó entre el momento en que el presidente Belisario Betancur autorizó a las Fuerzas Militares a "restablecer la democracia" y la falta de contacto que se dio durante el operativo de retoma.
Además, se desmiente las versiones de las autoridades que señalan que el magistrado Alfonso Reyes Echandía había pedido levantar la escolta, pues él se encontraba dictando una conferencia.
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