El gobierno de Uribe ha invertido miles de millones de pesos en el sector agropecuario en forma de subsidios, créditos y de beneficios. Ha aumentado considerablemente la protección a los productos del campo, dilató la aprobación del TLC hasta que tuvo el visto bueno de los terratenientes y ha demorado o desfigurado otros acuerdos de libre comercio para satisfacerlos.
Esta semana se ha revelado que los estímulos y créditos a la producción agropecuaria han sido casi exclusivamente para los ricos del agro. Lo que suscitó el escándalo fue que una de las beneficiarias es la reina de belleza de Colombia, pero ya se conocía desde su lanzamiento que la política de "Agro Ingreso Seguro" iba a contribuir a acentuar la concentración del ingreso y de la riqueza en el campo sin claros efectos sobre la producción, con consecuencias negativas sobre el mercado laboral y sin aportar al mejoramiento de las condiciones de abandono y extrema pobreza en las que vive la población rural.
A pesar de todo el esfuerzo oficial y de esa cuestionable transferencia masiva de recursos a las élites regionales, o quizás por eso mismo, la agricultura no ha levantado cabeza. El producto agropecuario crece menos que el PIB y la participación de las exportaciones agropecuarias en las exportaciones totales ha descendido durante las administraciones Uribe I y II. Al mismo tiempo se ha acentuado el desplazamiento violento de campesinos y el despojo de tierras de pequeños tenedores rurales.
Se está desperdiciando el potencial del campo colombiano que podría adquirir una participación creciente en las exportaciones colombianas, si el país quisiera intentar emular a Brasil, que a partir de 1985 transformó su agricultura y se convirtió en el tercer exportador mundial de agroalimentos.
Es decepcionante que unos empresarios de cultivos como el de la palma africana, que es uno de los que podrían servir de base para generar ese dinamismo agroexportador, están en la lupa de los grupos defensores de los derechos humanos en el mundo porque supuestamente han adquirido parte de sus tierras mediante desalojo y despojo violento de propietarios campesinos o colonos.
Esto ha atraído la atención de medios europeos, arruinando de paso el mercado para el producto. Empresas que se aprestaban a comprarlo, como L'Oreal, se encuentran ahora cuestionadas por la opinión pública. Es posible que los empresarios estén siendo injustamente señalados. Pero si lo hicieron no son un caso aislado. La migración forzosa, el desplazamiento y la consecuente intensificación del problema laboral están vinculados a la pugna por la tierra, que es mayor donde es más productiva.
De Brasil se decía que era una India con una Bélgica adentro. De Colombia no tardarán en decir que somos un Congo con una Costa Rica adentro. Lo preocupante es que el "Congo" ha pasado a gobernar y está imponiendo el estilo, la ideología y la lógica que regulan la acumulación de tierras, la violencia y las relaciones sociales y económicas del campo.
La retórica oficial es que se está fomentando a la empresa agroindustrial para que genere empleo productivo y modernice el campo. Pero esto constituye un paso atrás si se hace, como no es inusual hacerlo, con honrosas excepciones, sin tener en cuenta los derechos de los habitantes locales o forzándolos a emigrar.
La situación del sector agropecuario colombiano es uno de los aspectos críticos en los que se pueden establecer diferencias entre lo que haría Uribe III y las alternativas que pueden ofrecer los partidos de oposición.
Para salir de África, el campo colombiano necesita todo Un Nuevo Pacto Rural y la oposición debe aprestarse a ofrecerlo.
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