Nadie podrá negarle al Gobierno Nacional un cierre de legislatura redondo, con la aprobación de proyectos de ley de gran trascendencia económica, social y territorial. Uno de los más importantes, el de la reforma constitucional que permitirá un gran ajuste en el régimen de regalías, se logró tras la reunión del Presidente Santos con miembros de la Cámara de Representantes, reticentes hasta última hora en aprobar el plan de reforma.
Las regalías no son cuestión baladí. Son, en cálculos del propio Gobierno, diez billones de pesos anuales que hasta ahora iban sólo a determinadas zonas del país, y cuyas "inversiones", en gran proporción, se perdieron por años en los más profundos pozos del despilfarro y la corrupción. No es sino acudir a los informes recurrentes de prensa -como los impactantes y documentados reportajes del periodista Mauricio Gómez Escobar, para el noticiero CM&- para aterrarse ante lo que fue una perversa costumbre, amparada políticamente, que ya era hora de erradicar.
Lo sabían los ciudadanos, lo comprobó la prensa, lo reprochaba el Gobierno central: se trataba de los gastos más innecesarios, fastuosos y extravagantes en zonas de gran pobreza, rodeadas de necesidades básicas insatisfechas y sin servicios públicos. Los organismos de control, no obstante, no parecen haber tenido ese escándalo continuado entre sus prioridades. A lo mejor, era demasiado lejano de Bogotá como para dedicarle atención y garantizar un mínimo de justicia.
Es posible que esto pueda cambiar. Una riqueza de tal magnitud, proveniente precisamente de la explotación de las enormes reservas nacionales del subsuelo (petróleo y minería, ante todo) no puede seguir siendo un hoyo negro, que se traga lo que recibe y nadie da cuenta de adónde ha ido a parar. Por eso, el Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, resume en tres puntos los objetivos de la reforma: ahorro, equidad y buen gobierno. Ojalá se cumpla, para bien de todo el país.
Los recursos se entregarán teniendo en cuenta los indicadores de población, pobreza y desempleo. Acorde, pues, con los mandatos constitucionales en materia de equidad y solidaridad entre las diversas regiones del país. Como dijo gráficamente el Ministro: "la mermelada será para toda la tostada nacional".
El Gobierno, es cierto, tuvo que ceder en temas sensibles ante los representantes de aquellas zonas que hasta hoy más se han beneficiado de los multimillonarios giros. Tuvo que transigir en el control centralizado de la ejecución de los recursos, y conceder una gradualidad o régimen de transición hasta el año 2020, para no hacer un giro radical que causara tensiones regionales.
Es un gran avance el control y vigilancia que se introduce a los giros que las empresas exploradoras deben hacer al Estado. Así como se exige un control al gasto e inversión de los recursos transferidos a las regiones, correlativamente hay que iniciar por su fuente: el control del recaudo y su puntual traslado al Estado, para su posterior repartición.
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