En el limbo quedaron ayer las investigaciones que la Contraloría General de la República adelanta contra magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por el "carrusel de las pensiones", Agro Ingreso Seguro, la crisis de la salud y el presunto cartel de la contratación de obras públicas en la gobernación de Luis Alfredo Ramos Botero. La contralora Sandra Morelli Rico , paró los procesos que puedan comprometer a los aforados constitucionales.
La decisión parte de un fallo proferido por una sala de conjueces del CSJ, que obligó a la Contraloría a remitir a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes el proceso que adelanta contra altos magistrados por el presunto carrrusel de las pensiones, por ser esa corporación la competente para su conocimiento y decisión.
La funcionaria pidió una aclaración del fallo, con el argumento de que del mismo podría inferirse que también la Contraloría General de la República usurparía competencias al ejercer funciones de control fiscal y procesos a los siguientes servidores públicos que, según su criterio, tienen fuero constitucional: Ministros, Directores de Departamentos Administrativos, Embajadores, Gobernadores, Procurador General y Defensor del Pueblo.
¿Y el caso Ramos?
En la mañana de ayer, a través de un medio radial, Morelli Rico anunció que imputaría cargos contra funcionarios del gobierno de Luis Alfredo Ramos Botero , por un presunto detrimento patrimonial de 18.000 millones de pesos en la ejecución de 22 obras de infraestructura.
Los hallazgos del ente de control, según dijo, también cobijarían presuntas irregularidades en los contratos que la Gobernación de Antioquía efectuó con la Fundación Buen Gobierno, así como el manejo de los recursos de la ola invernal que fueron a arriendos y albergues.
Sorpresivamente, a través de un comunicado, la Contralora anunció la suspensión de todas las investigaciones contra aforados, incluyendo las relativas a los gobernadores.
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