La denuncia de un supuesto plan para asesinar a la candidata presidencial Paloma Valencia terminó convirtiéndose en un nuevo pulso político entre la oposición y el gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de que el Ejecutivo pasara de advertirle sobre un posible atentado a desmentir públicamente que existiera una amenaza real.
La controversia comenzó el domingo 27 de abril, cuando Valencia aseguró que había sido alertada directamente por altos funcionarios del Gobierno sobre un supuesto plan criminal para asesinarla.
Según explicó la dirigente del Centro Democrático, la información le fue comunicada por el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el director de la Policía Nacional. De acuerdo con su versión, detrás del supuesto atentado estarían el Frente 42 de las disidencias de las Farc y un hombre conocido con el alias de “Buche de Tula”.
“La información que tenemos es que le pagaron dos mil millones de pesos para que me asesinen”, afirmó Valencia ante medios de comunicación, en medio de la creciente ola de violencia que golpea al país y particularmente al suroccidente colombiano.
Las declaraciones de la candidata causaron alarma no solo por la gravedad de la denuncia, sino porque ella misma insistió en que la información provenía directamente del Gobierno nacional.
Incluso, horas después, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció públicamente que sí le había transmitido información a la senadora sobre posibles riesgos contra su seguridad.
Sin embargo, el panorama cambió rápidamente.
Ya en la madrugada del lunes, el mismo ministerio de Defensa publicó un pronunciamiento asegurando que, tras labores de inteligencia y verificación, no existía una amenaza real contra la candidata presidencial.
“Las labores de inteligencia descartaron cualquier amenaza en contra de la candidata Paloma Valencia”, afirmó el ministro Sánchez en redes sociales.
Según explicó el funcionario, las versiones que relacionaban el supuesto atentado con la llamada “Estructura 42 de las extintas Farc” o con alias “Buche de Tula” no pudieron ser corroboradas por los organismos de inteligencia.
La situación escaló aún más cuando el presidente Petro intervino directamente para respaldar la versión oficial del Gobierno y cuestionar la manera en que Valencia presentó públicamente el caso.
“Es una pelea entre delincuentes, uno con una deuda acusa al otro del atentado sin que sea real”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
Pero la frase que terminó encendiendo la controversia fue otra: “Esto se le dijo a la candidata pero apareció con otra versión en sus redes”.
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Con esa declaración, Petro dejó entrever que el Gobierno sí compartió información con Valencia, pero aseguró que ella habría comunicado el tema públicamente de forma distinta a como le fue presentado por las autoridades.
La situación abrió preguntas sobre qué fue exactamente lo que recibió la candidata presidencial y por qué el Gobierno primero habló de una alerta y luego terminó desestimándola.
Desde la oposición sostienen que la situación refleja improvisación y falta de claridad por parte del Ejecutivo en temas de seguridad, especialmente en medio de un ambiente político marcado por amenazas contra figuras públicas y el aumento de la violencia en varias regiones del país.
Valencia, por su parte, mantuvo su postura y defendió haber hecho pública la información porque considera que el país atraviesa un contexto grave para quienes hacen oposición política.
“Hay que decirles a los colombianos qué está pasando y cuáles son las condiciones en las que hacemos política”, aseguró.
La candidata también reiteró que continuará en plazas públicas y actividades políticas pese a las advertencias recibidas.
Un panorama de violencia que se incrementa en el país y que el Gobierno niega
El episodio ocurre además en un momento especialmente delicado para la seguridad nacional. Solo durante el último fin de semana se registraron más de 30 ataques violentos en el suroccidente del país, atribuidos a disidencias armadas lideradas por alias Iván Mordisco.
Uno de los hechos más graves ocurrió en Cajibío, Cauca, donde la explosión de una bomba dejó 21 muertos y decenas de heridos.
En medio de ese panorama, el Gobierno ha intentado transmitir un mensaje de control institucional. Petro aseguró recientemente que “no hay caos de seguridad” en Colombia y sostuvo que los indicadores de homicidio siguen siendo inferiores a los registrados décadas atrás.
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No obstante, las denuncias sobre amenazas a candidatos presidenciales han aumentado la tensión política.
Candidatos presidenciales amenazados
La propia Valencia recordó que semanas atrás circularon imágenes en redes sociales con su rostro acompañado de una corona fúnebre y que el expresidente Álvaro Uribe Vélez ya había advertido sobre posibles planes del ELN contra ella.
Además, el Centro Democrático también denunció recientemente información sobre un supuesto atentado contra Iván Cepeda, candidato cercano al petrismo.
En ese caso, incluso se mencionó información presuntamente proveniente de la CIA, aunque posteriormente esa versión fue desmentida por autoridades estadounidenses y organismos de inteligencia colombianos.
Las advertencias sobre un posible atentado contra Paloma Valencia cobran aún más relevancia dentro del Centro Democrático por el antecedente reciente del magnicidio del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado tras un atentado ocurrido el 7 de junio de 2025 y cuyo fallecimiento fue confirmado el 11 de agosto de ese mismo año.
Según las investigaciones de la Fiscalía, detrás del crimen habría participado Kendry Téllez Álvarez, alias “Yako”, presunto integrante de la Segunda Marquetalia y señalado como una pieza clave en la planeación, coordinación y financiación del ataque.
Mientras tanto, el ministerio de Defensa anunció que mantendrá activos todos los esquemas de protección para candidatos presidenciales y ofreció hasta $1.000 millones de recompensa por información que permita prevenir atentados.
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