El Parlamento de Uruguay no pudo levantar este jueves el veto impuesto por el presidente del país, Tabaré Vázquez, a la reforma legal que pretendía abrir camino a la despenalización parcial del aborto.
En la reunión extraordinaria de la Asamblea General, no se lograron los tres quintos de votos de cada cámara para levantar el veto presidencial a una reforma legal que había sido aprobada por diputados y senadores del Frente Amplio, la coalición de izquierdas en el Gobierno que dirige el propio Vázquez.
Tal y como lo permite la Constitución, Vázquez impuso este jueves pasado su veto a la reforma legal que autorizaba la interrupción del embarazo en algunos casos, después de que la semana anterior el Senado, con mayoría del Frente Amplio, diera su espaldarazo al texto ya aprobado por el Congreso de los Diputados.
La votación
Los legisladores del Frente Amplio acudieron con pesimismo a esta Asamblea General del Parlamento, pues el rechazo al aborto de los opositores Partido Nacional y Partido Colorado y la falta de una mayoría absoluta entre las dos Cámaras hacían poco probable el levantamiento del veto de Vázquez.
En la votación nominal, de los 29 senadores (de un total de 31) presentes en la Asamblea,14 respaldaron el mantenimiento del veto y 15 votaron por levantarlo.
Mientras que de los 90 diputados participantes (de un total de 99), 44 reafirmaron el veto y 46 apoyaron su anulación.
Hubo dos legisladores del Frente Amplio que apoyaron al presidente y su veto, y algunos otros parlamentarios oficialistas y opositores se retiraron de la sala.
El ex presidente Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, fue el único legislador de esta fuerza opositora que apoyo el levantamiento del veto presidencial.
El veto
Vázquez había alegado argumentos jurídicos, científicos y éticos para imponer su veto y actuar, así, en contra de sus compañeros políticos, en una posición muy criticada en el seno del Frente Amplio.
En Uruguay cada año se producen unos 30.000 abortos, según cifras oficiales, aunque la realidad podría doblar ese número, según organizaciones no gubernamentales.
El veto se aplica a los capítulos II, III y IV de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en los que se plantea que "toda mujer puede decidir la interrupción de su embarazo durante las primeras doce semanas".
Y según el artículo noveno, esa interrupción voluntaria del embarazo se podría efectuar en caso de penuria económica y circunstancias sociales o familiares.
