Las presuntas falsas víctimas que cobraron al Estado colombiano millonarias indemnizaciones por la masacre de Mapiripán (Meta) y la revelación del número de personas asesinadas las cuales, según la fiscal de Justicia y Paz, Yolanda Prado, no fueron 49 sino 6, sumado a cuatro desapariciones forzadas y tres secuestros, abre una polémica entorno a este execrable hecho que enlutó a los mapiripenses en 1997.
Aunque el número víctimas varía, pero no la crueldad de aquella barbarie, hoy 14 años después debido a estas revelaciones se cuestiona la condena impuesta al Estado colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2005 e incluso, los 40 años de cárcel a los que fue condenado el general (r) Jaime Humberto Uscátegui que, según la investigación, facilitó la llegada de los paramilitares a Mapiripán.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, manifestó que es "sumamente grave que un país que está haciendo el esfuerzo para mejorar la causa de las víctimas vea con estupor cómo se abusa de esa causa por algunos sinvergüenzas que resuelven posar de víctimas cuando no lo son".
Esguerra afirmó que en el caso de Mapiripán hubo fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, además, el prestigio de Colombia y su sistema de administración de justicia se ve seriamente comprometido, razón por la que anunció investigaciones y sanciones no solo para los que se hicieron pasar como víctimas, sino también los que coadyuvaron a que personas mentirosas reclamaran reparación del Estado.
"Las acciones penales las tiene que iniciar la Fiscalía, a quien corresponde. Por supuesto, vamos a prestar todo el concurso y todo el apoyo del Gobierno que sea necesario y vamos a hablar muy duro a quienes son responsables de esto", anunció Esguerra.
A estas declaraciones se sumaron las del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien aseveró que es muy oportuna esta aclaración y que se espera que en el avance de las investigaciones se pueda dar claridad a los hechos.
Ya hay acciones
Un día después de conocerse que en la masacre de Mapirirpán son menos las víctimas, Teresa Ruiz, magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, ordenó al Gobierno Nacional suspender los pagos a los familiares de las víctimas, investigar a los presuntos falsos reclamantes de reparación y compulsar copias a la Cancillería para que sean presentadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su respectiva explicación.
Ruiz solicitó además compulsar copias a la Procuraduría y a la Contraloría para abrir investigaciones preliminares por posibles anomalías de funcionarios y entidades que estuvieron a cargo de la identificación de las víctimas y avalaron los daños causados por la incursión paramilitar.
Para Ruiz, las irregularidades que se presentaron en los procesos por esta masacre es un hecho que deja en evidencia otro hecho considerado grave, como es el de engañar a un tribunal internacional con el único objetivo de obtener beneficios económicos.
Respecto a esta posición, el consultor político Andrés Mejía Vergnaud, señaló que cuando se presentan este tipo de masacres, desastres y otros eventos, siempre habrá avivatos "que se aprovecharán, más aún cuando hay reparaciones económicas de por medio".
Vergnaud sostuvo que el hecho de que se presenten "falsos reclamantes", es un campanazo de alerta para la aplicación de la Ley de Víctimas y para que Colombia evalúe la forma de defenderse ante este tipo de demandas en cortes internacionales.
Viviane Morales, fiscal general de la Nación, indicó que con respecto a la sentencia de la CIDH, esta es irreversible y en cuanto a la condena del general Uscátegui no cambia por que su sentencia fue por la masacre de Mapirirpán y los hechos, independiente del número de víctimas.
El colectivo de abogados José Alvear Restrepo, emitió un comunicado en el que manifiestan que siempre actuaron de buena fe y que si alguna de las víctimas mintió, las autoridades deben aclararlo.
Por ahora le queda a la Fiscalía indagar sobre lo que ocurrió realmente en Mapiripán, investigar a quienes se hicieron pasar por víctimas y denunciar a los que secundaron esta falacia que hasta ahora le ha costado 5.200 millones de pesos al Estado Colombiano.
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