La presión urbanística desde la comuna Nororiental, el estado de la vía principal y de las terciarias, la atención en salud, el apoyo a los agricultores, y la legalización de viviendas fueron, entre otras, las problemáticas que expusieron los líderes de Santa Elena al Concejo de Medellín, en la sesión descentralizada, realizada ayer en este corregimiento.
Uno de los temas centrales fue el estado de las vías, tanto la principal como cuatro terciarias que comunican igual número de veredas, las cuales son muy estrechas y no reciben mantenimiento hace por lo menos 10 años. "Lo único que se ha podido hacer es por Presupuesto Participativo para hacer senderitos, pero por recursos ordinarios todo se está yendo para el Parque Arví y nada para las comunidades", indicó Leonardo Grajales , presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal.
En cuanto a la vía principal, Grajales afirmó que luego de una lucha de 20 años se logró intervenir la falla del kilómetro 10+700, pero que hay otros sitios en pésimas condiciones y a los que no se les ha invertido un solo peso con el argumento, por parte del Departamento, que por concesión el corregimiento no aporta nada por la carencia de un peaje.
En este sentido el concejal Fabio Humberto Rivera manifestó que se debe aprovechar la alianza AMA entre la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, para buscar una solución definitiva.
Frente a las dificultades que tienen los agricultores de Santa Elena por las inclemencias del clima con granizadas y heladas en tiempos de verano solicitaron una solución y se propuso que sea mediante cultivos bajo techo, es decir con polisombras en la que no habría que hacer grandes inversiones.
La comunidad también pidió que se mejore la atención de primeras urgencias en el Centro de Salud. "Aquí no se puede suturar ni atender una crisis asmática. Solo hay servicios de consulta", expresó Grajales.
La legalización de vivienda fue tratada de manera general porque se decidió hacerle un debate aparte al POT de Santa Elena, debido a la importancia que tiene, pues hay 2.100 viviendas que están construidas "ilegalmente", dado que no tienen licencia de construcción ni de vertimientos.
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