De "insignificantes" calificó el director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Eduardo Pizarro Leongómez, las entregas de bienes que han hecho los ex jefes paramilitares para reparar a sus víctimas.
Según Pizarro Leongómez, buena parte de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) "le están haciendo creer al país que sus entregas han sido millonarias, cuando claramente se ve que ha sido todo lo contrario".
Preocupado por la situación, el funcionario les exigió entregar toda la información "de manera clara y precisa".
"¿Cuáles son los bienes que nosotros no hemos recibido?, ¡Qué nos digan! ¿Dónde están los títulos de propiedad? Que indiquen con claridad, pero que no sigan manipulando a la opinión pública", dijo Pizarro Leongómez.
Hasta el momento, el fondo de reparación cuenta con cerca de 25 mil millones de pesos, suma que según él, "es mínima comparada con la suma de recursos que aún falta por entregar".
El Director de la CNRR reiteró que los desmovilizados de las Auc que se sometieron a la Ley 975 (conocida también como Ley de Justicia y Paz) "están generando la sensación de colaborar con la justicia, pero en el fondo no están colaborando".
Frente a la demora en el proceso de reparación, expresada por algunas víctimas, Pizarro Leongómez aclaró que "ya los bienes se están poniendo a la venta para que hagan parte del fondo".
El dinero recolectado en este fondo se destinará a la reparación por vía judicial, la cual es más demorada que la hecha por vía administrativa, pues depende en su totalidad de los fallos emitidos por los despachos judiciales.
Este año, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación tiene entre sus mayores prioridades la restitución de propiedades a las víctimas de las autodefensas, para lo cual son importantes algunos de los bienes que los desmovilizados de las autodefensas anunciaron que entregarían a las autoridades, pues se trata de algunos que fueron despojados a civiles.
Esa restitución, según las directrices de la CNRR, debe estar acompañada de garantías para que las víctimas no vuelvan a ser afectados por esos actores armados al recuperar el control de sus bienes.
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